Una joven de Cipolletti que se encuentra en tratamiento oncológico tuvo que interponer dos acciones de amparos contra su prepaga, primero para que le garantizara una radiocirugía y luego para la cobertura de los medicamentos paliativos. El segundo de los fallos consideró no solo la salud y la situación económica de la amparista sino el contexto de la pandemia por el Coronavirus.

La mujer padece cáncer y tuvo que recibir un tratamiento complejo (operación a través de radiocirugía) cuando ya se había dispuesto al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19. Por eso los dos amparos tramitaron íntegramente digital a través de la Mesa de Entradas de Escritos Digitales (MEED) ante un juzgado de Familia de Cipolletti.

La gobernadora Arabela Carreras, la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, y el Fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, firmaron un convenio para que las notificaciones entre los tres ámbitos públicos dentro de los procesos judiciales se realicen por medios exclusivamente electrónicos.
El acuerdo se enmarca en la implementación del denominado expediente electrónico en el ámbito del Poder Judicial para todos los fueros, que regirá desde el 1 de agosto. Esto implicará que la totalidad del proceso, desde la presentación de una demanda hasta la sentencia, será digital.
La gobernadora ha manifestado en una reunión con los miembros del STJ su intención de avanzar en la digitalización y modernización del Estado, y ha destacado el avance en este sentido en el Poder Judicial.
De acuerdo al convenio, “la Fiscalía de Estado mantendrá el usuario ya registrado en el Sistema de Gestión del Poder Judicial, donde se cursarán las notificaciones de las nuevas demandas que se promuevan, las sentencias definitivas y toda otra citación y emplazamiento que hasta el momento se realizaban en el domicilio físico en formato físico o papel”.
Asimismo, “las notificaciones que deban cursarse al Poder Ejecutivo Provincial como a los restantes organismos de su dependencia - sea que se trate de la administración centralizada o descentralizada-, se practicarán también por medio electrónico, por lo que se registrarán como usuarios del sistema en un plazo de sesenta días”.
El expediente digital procura una mayor celeridad en los procesos, la descongestión de las mesas de entrada, aún más transparencia en la información, ahorro de insumos y el cuidado del ambiente. Río Negro será la tercera provincia, luego de San Luis y La Pampa, en contar con este sistema.

Por un “error del sistema” un banco le endilgó a una clienta de Viedma una deuda y le dio de baja la tarjeta de crédito. Esa situación le trajo aparejada una serie de inconvenientes y tras una decisión de un fallo civil de primera instancia, confirmado por el Tribunal de alzada, la entidad crediticia deberá resarcirla.

Un hombre que se desempeñaba en el rubro petrolero en la región del Alto Valle fue despedido por falta de trabajo y la empresa le abonó una indemnización menor a la que fija la ley. Incluso se la pagó en ocho cuotas.  Un fallo de la Cámara Laboral estableció un monto extra de 442 mil pesos.

El trabajador tenía 20 años de antigüedad y según consignó en la demanda el motivo del despido fue por “falta de trabajo debido a la inexistencia de contrato en ejecución o próximos a ejecutarse”. Le ofrecieron una indemnización de 367 mil pesos a pagar en ocho cuotas mediante cheques. El hombre sostuvo que en ese momento aceptó porque su familia había sufrido las inundaciones en Comodoro Rivadavia y tenía que viajar con urgencia.

Un trabajador de Invap deberá ser indemnizado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), ya que quedó con una serie de discapacidades producto de trabajos en posturas complejas durante lapsos prolongados. Entre otras tareas, realizaba soldaduras para interconectar estructuras de los satélites SCA y Arsat.

El trabajador inició el reclamo ya que, según su entender, quedó con un grado de discapacidad que no había sido reconocida por la ART Provincia S.A.

Dos fallos del fuero laboral de Cipolletti ordenaron la reincorporación de trabajadores que habían sido despedidos durante la emergencia sanitaria y en vigencia del decreto nacional que prohíbe este tipo de medidas. Uno de ellos se desempeñaba como lavador en una empresa de transporte de la región y el otro como repartidor en una panadería de la ciudad.

Una resolución del fuero Civil de Cipolletti aceptó la propuesta de la sindicatura en la quiebra de la fábrica de gaseosas Interlagos y dispuso una nueva licitación con una base de 65 millones. De no producirse modificaciones, la apertura de sobres será el 31 de agosto en la sede del Juzgado N°1 y se admitirá financiación. La modalidad comprende un anticipo del 70% de contado con un saldo del 30% a cancelarse en el plazo límite de un año.

Se trata del tercer llamado a licitación puesto que a los dos anteriores no se presentaron oferentes. La ley de Quiebras establece que, ante el primer fracaso, se deben ofrecer los bienes sin base. Sin embargo, hasta aquí se ha intentado evitar la venta en tales condiciones y se ha optado por ir reduciendo la base (ahora nuevamente), para proteger – dentro de lo posible – el interés de los acreedores. De acuerdo con lo que se desprende de la resolución, tanto particulares como ciertas sociedades comerciales habrían dado a conocer su intención de compra de los bienes del establecimiento y ello fue especialmente tenido en cuenta por el juez para mantener el criterio de la venta con un precio base.