Así se definió hoy en la reunión de la que participaron el presidente del STJ, Ricardo Apcarián, los vocales Enrique Mansilla, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, junto a Marcelo Álvarez, a cargo por subrogancia de la Procuración,y la Defensora General, Rita Custet Llambí.
En los considerandos se expresa que “al momento de indagar sobre la puesta en funcionamiento de estas nuevas estructuras y el incremento de cargos se advierte la necesidad de revisar las mismas con un criterio de razonabilidad y restricción en el manejo presupuestario de este Poder en su conjunto”.
Agrega que “la cantidad de cargos previstos resulta, en principio, desajustada a variables de objetiva ponderación. Adviértase que la estructura propuesta prevé un total de 1450 cargos, de los cuales 698 corresponden a las Fiscalías, 573 a las Defensorías y 137 a la estructura central (aquí se incluye el Laboratorio de Genética Forense donde se incrementan los cargos de 5 a 20)”.
Aclara que “aún dejando sin efecto la estructura planteada por estas normas, quedan más de 200 cargos de la actual estructura, no cubiertos, situación que permitiría atender la mayor demanda de los distintos organismos y las urgencias”.
“En tal contexto podría resultar sobredimensionada la organización prevista para la las labores del Ministerio Público, hasta tanto no se tenga una evaluación detallada del impacto de la reforma procesal penal, de la Mediación prejudicial obligatoria y demás institutos que pudieran generar mayor demanda en las estructuras del Ministerio Público”, añade la resolución.
La disposición considera que “a la fecha esa nueva forma organizativa no se encuentra en funcionamiento resultando oportuno su replanteo”.
“Además, no se puede dejar de ponderar que la conducción de la Procuración General será próximamente renovada y que quien ocupe tal función deberá ser quien evalué los cambios prudentes y necesarios para adecuar la estructura a los requerimiento del rol del Ministerio Público en los nuevos procesos”, agrega.
Más adelante, estipula que “en este período de transición el Superior Tribunal conjuntamente con el Procurador General Subrogante advierten la necesidad de permitir que las nuevas autoridades sean quienes ponderen la procedencia de la modificación de la estructura actual con criterios de austeridad y eficiencia”.
“Que en tal contexto razones de mérito y conveniencia ameritan dejar sin efecto las normas citadas”, finaliza.
Algunos llamados a concursos, que no implican Fiscales ni Defensores, fueron postergados o dejados sin efecto.