El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián tomó juramento de ley al Director del Centro de Planificación Estratégica, Alfredo Bozzetti.

Apcarián dio la bienvenida, felicitó al nuevo funcionario y dirigió unas palabras: “Necesitamos que el área funcione y lograr como desafío que la planificación forme parte de nuestra agenda diaria, nuestra y de las áreas de apoyo. Advierto que lo más difícil es darle el carácter prioritario que tiene que tener entre las urgencias que tenemos en el día a día; lograr incorporar la planificación como una de las cosas más importantes”.
Además dijo: “Nosotros vamos a acompañar, porque nos parece que es un gesto de confirmación de validez del área. Vamos a pedirle a todas las áreas que realmente usen la planificación, porque más allá de lo que es pensar en mediano y largo plazo el área confecciona todas las estadísticas del Poder Judicial. Eso nos ha dado mucha transparencia, mucha confiabilidad y creemos que hemos ganado mucho en credibilidad”.

El Juez de Instrucción Ricardo Calcagno dictó el Procesamiento de un hombre, argentino, mayor de edad, domiciliado en esta localidad, por considerarlo presunto autor penalmente responsable del delito de Usurpación en concurso real con el delito de Robo en grado de Tentativa.

El Juez Carlos Mussi, titular del Juzgado de Instrucción N° 4 de Viedma, Carlos Mussi, decidió excarcelar a los dirigentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar y a Aldo Capretti; ambos imputados por diversos hechos violentos efectuados con la intención de obstruir el normal desarrollo de un acto del Poder Legislativo.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Ricardo Apcarián le tomó juramento hoy en Cipolletti al fiscal de cámara Santiago Márquez Gauna, quién se desempeñó como juez de instrucción de la Cuarta Circunscripción.
Durante el acto, Apcarián le recordó al nuevo fiscal que asume un rol trascendente en una etapa del proceso en la que el Ministerio Público “va a tener la gran carga” en lo que se viene, haciendo referencia al nuevo Código Procesal Penal. De todas formas, en nombre del Poder Judicial el presidente del STJ prometió colaborar con el Ministerio Público ya sea con recursos humanos y apoyo logístico desde la administración.

Se realiza en Roca una intensa capacitación sobre la producción, presentación y valoración de la prueba en el nuevo sistema penal acusatorio, dirigida a jueces, fiscales, defensores públicos y abogados particulares de toda la provincia.  
La actividad central se desarrolla en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca para funcionarios de las Circunscripciones Segunda y Cuarta y se replica en vivo a través del sistema de videoconferencia en las sedes judiciales de Viedma, Bariloche y Choele Choel, alcanzando a más de cien participantes.

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Liliana Piccinini, participa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de las “IV Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos”.
La actividad es organizada en conjunto por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; y el Consejo de Política Criminal de la República Argentina.
La jueza Liliana Piccinini preside, además, la Escuela de Capacitación Judicial.

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, tomó juramento a jueces y funcionarios elegidos por el Consejo de la Magistratura para distintos organismos.
Juraron Marcelo Valverde, en el cargo de Juez de la Cámara del Trabajo; Rosana Calvetti en el cargo de Secretaria de la Secretaría N° 1 del STJ: en lo Civil, Comercial, de Minería, Familia y en lo Contencioso Administrativo; Leandro Oyola, como juez del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3; Juan Manuel Montoto Guerrero en el cargo de Auditor Judicial General y Guillermina Nervi como Secretaria del Consejo de la Magistratura; todos ellos con asiento de funciones en la ciudad de Viedma.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de amparo que había dictado la jueza de Familia de Villa Regina, Claudia Vesprini, y ordenó al Consejo Provincial de Educación disponer un maestro integrador para un niño con discapacidad que es alumno de una escuela primaria de Ingeniero Huergo.

Quienes presentaron el amparo son los padres de un niño de 7 años que padece epilepsia y trastorno generalizado del desarrollo. Teniendo en cuenta informes y certificaciones, la jueza de primera instancia ordenó al CPE "disponer la atención especializada de un Maestro de Apoyo a la Inclusión en Discapacidad para el inicio y transcurso del ciclo lectivo del año 2017, a favor del niño, por el plazo que los profesionales intervinientes -docentes, psicopedagoga y miembros del ETAP- determinen conforme el interés superior del niño". En la misma resolución ordenó al Estado "prever la creación del cargo respectivo y su cobertura a través de las correspondientes asambleas docentes o mecanismos que correspondan".

La Cámara Laboral Segunda de Bariloche, en su calidad de Tribunal de Amparo, ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias de IPROSS por la suma de $180.550 más intereses y costas toda vez que la Obra Social no ha dado cumplimiento a lo ordenado en sentencia de amparo dictada en fecha 12 de Abril del año en curso. En la misma el Tribunal integrado por los Jueces Alejandra Paolino, Jorge Serra y Carlos Rinaldis ordenó la provisión a una afiliada de un procesador de palabras modelo "Sonnet" recetado por su médico tratante.

El juez civil de Cipolletti Federico E. Corsiglia hizo lugar a la acción de amparo promovida por la madre de un niño y ordenó al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) cubrir el 100% del costo del tratamiento terapéutico que requiere el diagnóstico del paciente.
Al momento de resolver, el magistrado evaluó las particulares características del caso que lo diferencian de cualquier otro reclamo que un afiliado pueda llegar a entablar con una obra social.
Consideró la especial existencia de un menor con discapacidad, quien se encuentra afectado por un trastorno generalizado del desarrollo (TGH) para lo cual requiere de un tratamiento terapéutico (psicología, psicología familiar, fonoaudiología, psicopedagogía), y la necesidad de un acompañante terapéutico, prestaciones que no han sido satisfechas del modo y en el tiempo adecuado. Además evaluó el costo de los tratamientos y de la acompañante terapéutica y la insuficiencia económica para afrontarlo que denunció la amparista “lo que me lleva a tener por satisfecho el requisito de admisibilidad y la existencia de un daño grave, en tanto se está ante un problema de salud actual que requiere conforme lo señalan de manera coincidente todos los informes un tratamiento inmediato”, dice el fallo.