Un informe estadístico presentado por la Oficina Judicial en la reunión anual del Fuero Penal da cuenta de las estadísticas a cuatro meses de la puesta en funcionamiento de la Reforma Procesal.
Se realizaron 55 debates orales y públicos, mientras que 179 conflictos penales iniciados después del 1 de agosto se resolvieron con acuerdo de partes (juicios abreviados).
Las resoluciones alternativas de conflicto constituyen una importante herramienta que promueve el nuevo Código Procesal Penal. Entre ellas la “suspensión de juicio a prueba”. El informe estadístico registró 56 audiencias de este tipo en toda la provincia entre agosto y noviembre.
La suspensión de juicio a prueba o probation es una vía judicial alternativa al juicio que permite suspender el juzgamiento de un acusado si éste acepta someterse a una serie de pautas de conductas y cargas que le impone el Tribunal, como realizar tareas comunitarias, ofrecer una reparación económica y/o pagar la multa prevista para el delito imputado.
El Superior Tribunal de Justicia ya ha ratificado su doctrina en innumerables fallos donde estableció que no podrán solicitar beneficios procesales los imputados en causas por violencia de género.
El informe presentado el jueves también registró 717 audiencias de formulación de cargos, que es la instancia inicial del proceso que contempla el nuevo paradigma procesal. La etapa intermedia previa al juicio es el control de acusación. Los Foros de Jueces y Juezas realizaron, en toda la provincia, 332 controles de acusación. También se consignan 74 ruedas de reconocimiento y 121 cámaras Gesell, que es el mecanismo previsto para escuchar la declaración de testigos o víctimas menores de edad.
Las causas que quedaron pendientes del viejo código
Mientras se desarrollan los procesos por delitos nuevos, se avanza en las causas de transición, es decir los expedientes del Código Procesal Penal anterior (Ley 2107) radicados en las Cámaras Criminales para juicio antes de la Reforma.
Según el informe de la Dirección de Oficinas Judiciales, existen 1843 causas de transición de las cuales 725 son causas criminales y 1.118 causas correccionales (delitos que admiten hasta 3 años de prisión).
De las 725 causas criminales ya se finalizaron 372 y quedan pendientes 353 expedientes. Es decir, en cuatro meses se avanzó en más de un 50 por ciento.
De las 1.118 causas correccionales ya se finalizaron 514 y quedan pendientes 604 expedientes. La celeridad de las causas, además, tienen que ver con su complejidad.
Planificación
"Los resultados de este primer cuatrimestre de la Reforma Procesal Penal son congruentes con la planificación. Estamos prácticamente en un promedio de 40 audiencias orales y públicas por día en la provincia y estamos previendo 45 audiencias diarias en lo que queda de diciembre. Y esos números seguramente van a aumentar el año próximo, con una proyección de 60 audiencias promedio por día". Las primeras conclusiones alentadoras sobre la implementación de la Reforma en Río Negro corresponden al Director General de Oficinas Judiciales, ingeniero Fabián Mitidieri
"A nivel nacional (en las provincias que ya implementaron el sistema penal acusatorio) los estándares de efectividad de audiencias rondan entre el 70 y el 85 por ciento. Nosotros alcanzamos en noviembre un 85,2% de efectividad promedio, con lo cual estamos muy bien dentro de los valores que habíamos planificado para el primer cuatrimestre", explicó Mitidieri.
Tener un 85 % de efectividad significa que "de 100 audiencias que se fijan, 85 se inician y culminan correctamente y otras 15 se frustran por distintos motivos", explicó Mitidieri. Ahora, con la Reforma en marcha, el desafío de las áreas de Planificación y Oficina Judicial es analizar y resolver las causas de esas cancelaciones, con eje en la optimización del sistema de notificaciones.
Los resultados que hasta ahora se ven en Río Negro, según explicó Mitidieri, se deben en gran medida al buen funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas, "que minimiza la posibilidad de error cuando se notifica a las partes (Defensa, Fiscalía y abogados particulares) que tienen un domicilio electrónico constituido".