El Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) fue creado con el objetivo de generar las acciones necesarias para garantizar el derecho de los y las estudiantes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país. En ese marco, en las escuelas de la provincia se aborda la problemática de la violencia intrafamiliar y la violencia de género.
Eso fue lo que ocurrió en un establecimiento del Alto Valle. El día de la clase, la estudiante de doce años regresó de la escuela y, sensibilizada por el contenido abordado, buscó el consentimiento de su mamá para denunciar. La niña era consciente de que el grupo familiar estaba inmerso en un contexto violento y que necesitaban ayuda. Así, la mujer autorizó a su propia hija a visibilizar la situación y, al día siguiente, la alumna le escribió una carta a la directora.
La máxima autoridad de la escuela se comunicó con la Comisaría de la Familia y desde el organismo avisaron al juzgado de Paz de la ciudad. La jueza activó el dispositivo que se aplica ante este tipo de situaciones y organizó un abordaje interinstitucional.
Luego de escuchar a la mujer víctima de violencia, dispuso la exclusión del hogar del denunciado. Para ello aprovechó el horario escolar con el objetivo de dejar a resguardo a la niña.
El municipio habilitó el ingreso de la mujer a una casa refugio y mediante la articulación con el área de desarrollo social se buscó una solución habitacional para ella y su familia. Hasta entonces se encontraban viviendo en una chacra alejada de la localidad, situación que dificultaba la llegada de ayuda por parte de especialistas.
“La charla de educación sexual fue realmente el disparador de la denuncia. Muchas familias todavía creen que en esos espacios sólo se habla de sexo, pero en los hechos se abordan cuestiones que hacen al cuidado del cuerpo y a una vida libre de violencias”, sostuvo la jueza.
La ciudad donde ocurrió la situación no se consigna aquí para evitar la identificación y exposición de la adolescente y de su madre.