Como coautor del homicidio de Juan Carlos Gigante, ocurrido entre la mañana del 28 y la mañana del 29 de septiembre de 2019 en la vivienda de la víctima, el imputado Maximiliano Silva aceptó íntegramente su responsabilidad y luego la pena propuesta por la fiscalía. Cuando el Tribunal de Juicio dictó su sentencia, las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos, por lo que la condena quedó firme automáticamente y la prisión preventiva que cumplía el imputado se convirtió en cumplimiento efectivo de la pena, en el Establecimiento Penal 2 de Roca.
De acuerdo con la acusación, el imputado, acompañado por otra persona, violentó la puerta de la casa de la víctima y ambos ingresaron al domicilio. Allí, tras mantener una discusión, le provocaron al hombre múltiples heridas contusas y punzo cortantes que derivaron en una hemorragia y en su posterior muerte. Y previo a retirarse de la vivienda, le sustrajeron un teléfono celular.
En el marco del primer acuerdo al que arribaron la fiscalía y la defensa, el hecho fue recalificado como “homicidio simple, violación de domicilio y hurto, en concurso real”, responsabilizando al acusado en calidad de coautor.
Las huellas del imputado en la casa de la víctima fueron un elemento clave para la investigación, junto con los informes que presentó la División Judicial de Investigaciones de Villa Regina, el resultado de los allanamientos realizados, los aportes de la División Policía Científica de Río Grande, las declaraciones testimoniales y los informes de la OITEL sobre los teléfonos celulares de los involucrados, entre otras evidencias.
La fiscalía informó en la audiencia que los hijos de la víctima prestaron su expreso consentimiento para poner fin al conflicto en los términos del acuerdo. También el imputado, luego de ser informado por el presidente del Tribunal de Juicio sobre los alcances e implicancias del mismo, manifestó su conformidad y aceptó lisa y llanamente su culpabilidad.
Así el Tribunal, por mayoría, admitió el acuerdo sobre los hechos y la calificación legal y declaró la culpabilidad de Silva en el homicidio. Tras eso, el pasado 15 de octubre, se realizó la segunda etapa del juicio: la audiencia de cesura para definir el monto de la pena que correspondía aplicar. En esa instancia la fiscalía solicitó una condena de 11 años de prisión efectiva, y la propuesta fue aceptada expresamente por el acusado y por su abogado defensor.
“La pena solicitada por la Fiscalía en la presente causa, la que cuenta con la conformidad de los familiares de la víctima, también se encuentra ajustada a derecho y por lo tanto debe ser aceptada. Ello así por los argumentos que expuso el representante del Ministerio Público y por corresponder a la escala punitiva aplicable al caso. Además su pretensión contó con la adhesión de la Defensa. Destaco especialmente el reconocimiento de responsabilidad por parte de imputado; que se trata de personas aun joven, su escaso grado de educación y las restantes pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, mencionadas por las partes”, concluyó el Tribunal en su voto mayoritario.