Una hija de la mujer que no reside en la provincia de Río Negro viajó por la situación de urgencia en la que se encontraba su madre, quién vive con otros familiares. Su condición se vio agravada en las últimas semanas no sólo por los padecimientos físicos y mentales sino por un conflicto familiar. En ese contexto la jueza de Paz Gabriela Lapuente dictó una medida para protegerla.

La hija de la mujer aseguró que su madre necesita cuidados especiales que implican alimentación e higiene adecuada, además de seguimiento médico. El juez Federico Corsiglia consideró que la amparista goza de un doble estándar de protección, en primer lugar por el derecho a la salud desde el nivel convencional e infra constitucional y además por el especial sistema de protección de todas las personas con discapacidad. “Ello, sin perjuicio de la condición de vulnerabilidad a la que se haya además expuesta, por las particulares circunstancias en las que actualmente vive”, dice la resolución.

En función de esos argumentos el magistrado ordenó a la obra social de la mujer la prestación integral al 100% de su alojamiento en una institución geriátrica o afín a los padecimientos de la misma y las discapacidades que padece.