Oportunamente, el Poder Judicial y la totalidad de los órganos de control de la provincia firmaron un acuerdo para brindar esta capacitación en procesos compras, licitaciones, legítimo abono y otros aspectos administrativos en los distintos poderes del Estado.
El acuerdo se realizó entre los máximos responsables de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial, representada por Liliana Piccinini, la Fiscalía de Estado, a cargo de Julián Fernández Eguía, la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, por el Tribunal de Cuentas firmó su titular, Roberto Meschini, y la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati. Además, la totalidad de los letrados que realizan control de legalidad en el sector público, a través de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Provincia de Río Negro.
El inicio del curso de “Derecho Administrativo” congregó a mas 120 personas, la mayoría abogados de los distintos organismos públicos y también magistrados y operadores judiciales.
En esta etapa, entre los temas que se abordan se encuentran la jurisprudencia en Río Negro sobre legítimo abono, que se configura como uno de los temas más conflictivos para las administraciones estatales. El STJ ha resuelto sobre este procedimiento excepcional en fallos recientes.
Además, en los diferentes módulos se tratarán criterios sobre contrataciones y compras del Estado, dictámenes, responsabilidad del Estado y de los agentes públicos, la doctrina sobre empleo público y lo referido a medidas cautelares y procesos urgentes.
Por otra parte, el Poder Judicial tiene ya en ejecución una formación con el IPAP. La presidenta de la Escuela de Capacitación Judicial y jueza del STJ, Liliana Piccinini, puso especial énfasis en los recaudos con el dinero público: “en las áreas de Administración de todos los Poderes siempre hay que tener en cuenta que cada procedimiento, especialmente cuando se trata de recursos económicos, porque es un gasto que implica un impacto en los recursos del Estado, en lo que ha aportado el contribuyente”.
También puso el acento en la doble responsabilidad del Poder Judicial: “la formación permanente hará que el comportamiento de la administración de uno de los poderes del Estado sea impecable, tanto más cuando se trata del Poder Judicial, quien en definitiva tiene la obligación de analizar la legitimidad y razonabilidad de los actos públicos”.