La defensora de menores y la defensora de la niña interpusieron recursos de casación.
El STJ anuló la decisión de la Cámara Civil por considerar que los jueces no pueden tomar las medidas excepcionales (internación, por ejemplo) sino que esa situación es facultad de la SENAF. En estos casos, los magistrados deben controlar la legalidad de las medidas adoptadas por el órgano administrativo.
“En este régimen de protección integral de naturaleza administrativa-judicial, el Poder Administrador titulariza facultades para adoptar medidas tuitivas que son revisables y el Poder Judicial ejerce sobre ellas un control suficiente, definitivo y amplio”, dice el fallo que lleva el voto rector de la jueza Liliana Piccinini.
“La Administración está constitucionalmente habilitada para pronunciarse prima facie (no definitiva) y los Jueces están constitucionalmente facultados a tener la última palabra, pero no la única decisión”, concluye.
En el caso puntual, existía una intención tanto de la adolescente como de su madre para generar una revinculación. También el fallo pone énfasis en la capacidad progresiva de los niños, en el derecho a ser oídos y que su voluntad sea considerada al momento de tomar las decisiones.
Las medidas proteccionales a cargo del órgano administrativo poseen una graduación y la internación o albergue “resulta la última ratio y siempre que se sospeche que en el seno familiar se estén vulnerando sus derechos (art. 38 Ley Nº 4.109), siendo dicha medida de carácter temporario y en ningún caso constituirán privación de la libertad (arts. 36 y 41 de la Ley Nº 26.061). Previo a ello, la autoridad de aplicación (SENAF) debe desplegar todas las acciones positivas conducentes a reestablecer los derechos, teniendo en cuenta las necesidades de las niñas, niños y adolescentes y prefiriendo aquéllas que tengan por objeto el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios”, dice la sentencia.
Respecto de la actuación de la SENAF, si bien participó de la casación junto con el Ministerio Público de la Defensa y la Defensora de la adolescente, “no se ha hecho cargo de los varios y reiterados reclamos conminatorios que le efectuara la Jueza de grado, a fin de que establezcan medidas conducentes para reestablecer los derechos de la adolescente”, sostuvieron los jueces en el fallo.