Se recorrió la totalidad del establecimiento, los patios, el magistrado subió a los techos a verificar las tareas para impermeabilizarlos.
El proceso actualmente se encuentra en etapa de fiscalización, por parte del juez, del acuerdo conciliatorio alcanzado oportunamente entre amparistas y autoridades de Educación, en el marco de la Ley 2779.
El amparo se enmarca en la Ley 2779, que regula “el procedimiento para el ejercicio del amparo de los intereses difusos y/o derechos colectivos”, haciendo especial énfasis en que la normativa propende a la autocomposición del conflicto.
Oportunamente, cuando se llegó al acuerdo entre partes, se coincidió en confeccionar un listado de las labores faltantes, con el compromiso por parte de las autoridades del Ministerio de Educación para presentar un cronograma cuyo cumplimiento está sujeto a la fiscalización del Juzgado.