Los ochos Juzgados de Familia, los dos Juzgados Multifueros de San Antonio y El Bolsón y las tres Unidades Procesales de Bariloche recibieron este año un total de 8.130 expedientes nuevos. Esto implica un aumento del 12 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, cuando ingresaron 7279 nuevos expedientes.
Los procesos de Ley 3.040 de Violencia Familiar son los de mayor número y representan el 48,92% del total de ingresos. En cambio, en el mismo periodo del año pasado totalizaban el 57%. En términos nominales, la cantidad de casos se mantuvo en la comparación interanual, pero porcentualmente bajó.
Las estadísticas fueron proporcionadas por el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial.
Medidas
La complejidad propia de la temática del fuero ha derivado en una serie de decisiones de política institucional del Poder Judicial para respaldar y reforzar sus organismos.
Inicialmente fueron designados 29 profesionales en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios para los juzgados de Familia.
El 1 de marzo de 2018 se puso en marcha la Oficina de Tramitación Integral en Bariloche. Uno de los aspectos centrales es que, mediante una serie de reformas en la estructura, las juezas dejan de ocuparse personalmente de tareas administrativas para concentrarse en su tarea jurisdiccional. Los Juzgados de Familia, en Bariloche, pasaron a denominarse Unidades Procesales.
Como parte de los proyectos del Plan Estratégico Consensuado que impulsa del Superior Tribunal de Justicia también este año se está trabajando en la elaboración de un ante proyecto para la creación de un Código Procesal del fuero de Familia.
En el mismo sentido, el STJ decidió impulsar ante la Legislatura Provincial un proyecto de ley para la creación de dos nuevos Juzgados de Familia, uno en Roca y otro en Cipolletti, considerando que ambas ciudades cabecera de Circunscripción han evidenciado un ingreso sostenido de más de 3.200 causas por año.
Por otra parte, a través del plan de inspecciones de la Auditoría General se busca también consolidar una política de observación permanente del flujo de procesos en el fuero, con el propósito de afianzar el normal funcionamiento del servicio de justicia.
Mediante la Acordada 19/2017 se dio un nuevo refuerzo a los juzgados de Familia mediante la creación de una secretaría más para cada uno de los organismos.