De acuerdo con la acusación, ante el fallecimiento del adolescente Matías Nicolás Molina, de 17 años, quien murió ahorcado con su propia camisa en una reja del calabozo, se atribuye a los uniformados "haber contribuido" a la ocurrencia de la muerte por haber “incumplido” sus obligaciones funcionales y reglamentarias en materia de conducción de la unidad, directivas, trato y resguardo de detenidos y tratamiento de menores de edad, entre otros deberes asociados con la "posición de garantes" que les correspondía por su función.
El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces César Gutiérrez Elcaras, Maximiliano Camarda y Gustavo Quelín. La acusación pública es sostenida por el Fiscal Miguel Fernández Jahde, quien en la audiencia de control de acusación realizada en diciembre pasado indicó que solicitaría una pena superior a los 3 años de prisión para los imputados. La querella, en representación del padre de la víctima, está a cargo del abogado Iván Radeland. En tanto que las defensas corresponden a abogados Juan Luis Vincenty (por García), Oscar Pineda y Pablo Iribarren (por Fernández), Marcelo Ávila (por Neguiman) y Miguel Salomón (por Paillalef).
Alegatos de apertura
La audiencia comenzó con el alegato de apertura del fiscal, quien sostuvo que “tratará de demostrar que la muerte de Molina es el resultado del obrar irresponsable de funcionarios policiales que abandonaron a un joven en una celda de la comisaría”, a pesar de que el chico se encontraba “en estado de abstinencia de sus adicciones, con las consecuencias que ello implica”. Como síntesis de su teoría del caso, sostuvo que existió “incumplimiento de los reglamentos a cargo de los funcionarios en sus distintas jerarquías”.
La querella agregó que Molina “estaba en un estado de inestabilidad mental evidente que demandaba que se tomaran recaudos muy específicos para resguardar su integridad” y que existió “una severa negligencia por parte de los policías”, quienes “ya lo conocían, sabían de su estado y de su condición de menor de edad”.
El defensor Vincenty hizo reserva de su planteo de “insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable de juzgamiento” y sostuvo que existe “imprecisión y ambigüedad” en la acusación.
Para los defensores Pineda e Iribarren, en tanto, “no hubo violación de los reglamentos por parte de Fernández ni se le puede hacer extensiva la 'posición de garante' por la que fue imputado”. Mencionaron que los protocolos policiales de actuación que estaban vigentes al momento del hecho eran distintos y que “no hay relación de causalidad entre el hecho y el resultado”.
El defensor Ávila, por su parte, señaló que “no hubo incumplimientos de los deberes a cargo” del comisario Neguimán, pues “no fue informado de los eventos que ocurrían esa tarde en la unidad y no pudo tomar decisiones al respecto”.
Salomón, finalmente, alegó que el sargento Paillalef “no cometió ningún delito” por haberse tratado de un suicidio.
En la etapa de prueba testimonial declararon la madre y el padre de la víctima; el médico forense Marcelo Uzal, quien realizó la autopsia al cuerpo de la víctima, y un efectivo policial que prestaba servicio en la Comisaría Tercera al momento del hecho.
El juicio continúa el próximo lunes, con la declaración de los últimos siete testigos convocados al debate y, eventualmente, con los alegatos de clausura de las partes.
Delegación de Comunicación Judicial
Segunda Circunscripción