El fuero del Trabajo de Roca se encamina al modelo de gestión de expedientes a través de una Oficina de Tramitación Integral Laboral (OTIL) como la que ya funciona en Viedma. En tanto que el fuero Civil atraviesa una reorganización que contempla la futura distribución de competencias con el fuero Contencioso Administrativo y las vacantes temporales que se prevén en tres juzgados civiles de primera instancia.

Una pareja tuvo siete hijos. Luego de sufrir violencia de género, la mujer se radicó en otra localidad y el hombre quedó conviviendo con sus hijos e hijas. Cuatro son menores de edad y tres mayores. La mamá cumple estrictamente con una cuota alimentaria y viaja regularmente para ver los hijos. Sin embargo, el hombre realizó un reclamo judicial para cobrar de manera directa el 100 por ciento de la pensión vitalicia por madre de siete hijos que paga ANSES a la mujer.
Un fallo de Familia de Viedma rechazó el pedido tras analizar integralmente la situación familiar y los informes de la Anses. En cambio, la sentencia sí homologó un acuerdo de aumento de la cuota alimentaria que las partes habían alcanzado en un proceso de mediación judicial. En el caso participaron activamente y los equipos técnicos de los Juzgados de Familia y la el Ministerio Público de la Defensa en representación de las partes y de los niños involucrados.

La pensión
Para resolver, la jueza tuvo en cuenta la Ley 23.746 -que establece una pensión no contributiva para las madres de 7 hijos-, los informes del Estado Nacional sobre el destino de esa pensión y los antecedentes de violencia de género que obligaron a la mamá a un largo proceso de reconstrucción de su entorno de vida. Según fundamentó, no se trata de una pensión alimentaria destinada a los niños y niñas, como la Asignación Universal, sino que tiene como foco específico a la mamá. Por eso es vitalicia y no se pierde cuando los hijos cumplen la mayoría de edad. Incluso es inembargable, tal como informó la Anses en la audiencia judicial.
Este argumento fue central cuando la defensa de la mamá planteó que “no está obligada a transferir dicho monto vitalicio, intransferible e inembargable, más cuando se encuentra cumpliendo con la cuota alimentaria establecida por convenio”. Su defensora relató, además, “que no puede soslayarse que tuvo que irse de la casa por ser víctima de violencia y que por dicho motivo tampoco se encuentra viviendo con sus hijos”.
Por otra parte, recalcó que “se comprometió a aportar en concepto de cuota alimentaria, con actualización cada seis meses” y que está cumpliendo desde entonces. Argumentó que “el concepto de vitalicia tiñe de claridad al hecho de que la mujer percibe la pensión por el sólo hecho de ser madre de siete hijos y para siempre, independientemente de si sus hijos están o no con ella y de su edad”.
Ante la situación, el papá reformuló su pedido y solicitó que se homologue el acuerdo de cuota alimentaria obtenido mediante el sistema de mediación. Sin embargo, no desistió completamente de su pretensión de cobrar la pensión, ya que pidió su embargo en caso de incumplimiento del acuerdo.

Las tareas de cuidado
La sentencia explicó el contexto: “claramente la Ley 23.746 del año 1989 parte de un contexto histórico totalmente diferente al actual”. “Estaba diseñada para una mujer abocada a las tareas del hogar, a la crianza y el cuidado de los hijos”. En ese marco “se propendía a la recuperación demográfica mediante el afianzamiento y protección de la función reproductiva de la familia”.
“En este contexto y durante muchos años más, la mujer estuvo asociada directamente a las tareas de cuidado de sus hijos, siendo preferida por la ley para ello”, explicó la jueza.
La magistrada aplicó los criterios de perspectiva de género y recordó que la mujer, en este caso, fue víctima de violencia de género y hostigamiento. Debió realizar terapia y le costó mucho volver a tener contacto con sus hijas, porque el hombre lo impedía “incluso apoderándose de uno de los teléfonos que le había comprado la madre a una de las hijas”.
Además de violencia física durante la convivencia, ejerció violencia psicológica y económica tras la separación. La hostigaba con que había hecho abandono del hogar y que no cumplía con el cuidado de los hijos a los que está “obligada” por su condición de mujer.
Dijo la jueza: “esta concepción patriarcal instalada y normalizada en esta dinámica familiar aún subyace en el pensamiento de las partes, porque la señora continúa sintiéndose culpable pensando que haber dejado la casa hace tres años atrás implicó cumplir la profecía patriarcal de que la mujer tiene que tolerar todo y la que se va es porque abandona la familia”.
Concluyó que “ahora que quiere dejar de ser esa mujer para transformarse en una persona autónoma que no dependa de un hombre para gestionar su economía y sus gastos, sin el cobro de esta pensión no podría subsistir. Hacer lugar a la pretensión del actor implicaría un nuevo acto de violencia en su vida, esta vez por parte del Estado”.
En la audiencia la mujer aseveró que si no tuviera la pensión “no podría ni siquiera viajar para ver a sus hijas, comprarles algunas cosas cuando ellas se lo pidieran” y dejó en claro que ya no quiere depender económicamente de nadie.
Finalmente, el fallo homologó el acuerdo de aumento de cuota, aunque no aceptó que la pensión sea tomada como garantía ante un eventual incumplimiento, por ser inembargable.

Una empresa que despidió a un empleado deberá pagarle la liquidación final con el “agravamiento indemnizatorio” de la ley 25.323. El trabajador se vio obligado a iniciar acciones legales luego de reclamarle a la firma que no le estaban abonando lo que correspondía. Un fallo de la Cámara Laboral de Cipolletti fijó una suma a favor, cercana a los 350 mil pesos más intereses.

Tras el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado y el juicio de cesura realizado en Roca, se impusieron hoy las penas de prisión efectiva para el hombre y la mujer condenados por los delitos que llevaron a la muerte a una niña de 3 años en Los Menucos.

Carlos Erbin, quien era pareja de la madre de la niña, fue condenado a la pena de prisión perpetua como autor del delito de femicidio. En tanto que Valeria Miranda, madre de la víctima, fue condenada a 12 años de prisión efectiva como responsable del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo.

El Consejo de la Magistratura de la Cuarta Circunscripción designó hoy a

El STJ llamó a concurso interno y subsidiariamente externo, de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de abogada o abogado relator del Superior Tribunal de Justicia con destino a la Secretaría Civil N° 1.

Son requisitos para inscribirse contar con cinco años de antigüedad en el título o función judicial y tener tres años de experiencia en el Cuerpo de Abogados Relatores y Referencistas o acreditar antecedentes profesionales y laborales relacionados con la especialidad de la vacante a cubrir.

La solicitud de inscripción es únicamente vía electrónica a través de la página web del Poder Judicial: http://www.jusrionegro.gov.ar, comienza el 24 de septiembre y finaliza el 25 de octubre.

El proceso de selección comprende dos etapas. En la primera, se evalúan antecedentes y oposición y en la segunda se realiza una entrevista con juezas y jueces del ST.

La semana próxima se llevará a cabo un nuevo “Encuentro Informativo sobre Adopción”, organizado por el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la IV Circunscripción Judicial. Contará con la participación de profesionales de Cipolletti.

Un fallo de la justicia Civil de Bariloche ratificó que la prioridad de paso la tiene el automotor que circula por una avenida por sobre quien ingresa por una calle de ripio y puso el acento en el deber de resguardo que corresponde al automotor que desea incorporarse.

El Consejo de la Magistratura designó hoy en Roca a cuatro Defensoras Adjuntas que trabajarán exclusivamente en el ámbito de la mediación y otros métodos autocompositivos de resolución de conflictos en los Centros Integrales de Allen, Villa Regina y Choele Choel.