El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso de queja interpuesto por la defensa y confirmó la condena que dictó la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti.

El hombre fue juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el uso de armas en este caso un cuchillo. La identidad y los por menores del caso no se consignan aquí con el objetivo de proteger y evitar la individualización de la víctima, quién fue su pareja.

Audio lectura de sentencia: https://soundcloud.com/user-737080766/lectura-sentencia-atahualpa

El Tribunal compuesto por los jueces Carlos Mussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde dispuso la absolución de los tres imputados por el homicidio del joven Atahualpa Martínez Vinaya. Asimismo, resolvió remitir al Ministerio Público Fiscal las actuaciones para que se analice investigar por el homicidio a una persona nombrada por varios testigos durante el debate.

Junto al Tribunal, el debate tuvo la actuación del Fiscal Hernán Trejo, los Defensores Marta Ghianni, Pedro Vega y Juan José Alvarez Costa y por la querella, en representación de la familia de la víctima, estuvieron los abogados Favio Igoldi y María Julia Mosquera.

Uno de los puntos centrales para la definición del Tribunal fueron las nuevas pericias realizadas sobre la campera con sangre de Atahualpa hallada en la casa de uno de los imputados. El nuevo estudio de ADN, realizado el año pasado, con la última tecnología disponible, descartó que pueda identificarse rastros genéticos de los acusados en el abrigo.

Se trata del segundo juicio que se realiza por el homicidio. Oportunamente los acusados habían sido absueltos por un tribunal presidido por el ex juez Juan Bernardi. En esa ocasión, los estudios de ADN mostraban un posible rastro genético de uno de los imputados en la campera que contenía sangre de Atahualpa. Sin embargo, el Tribunal invalidó el procedimiento por el cual se secuestró el abrigo.

Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia anuló el juicio y dispuso un nuevo debate, con la prueba recolectada durante la investigación. Entre otras medidas de ampliación de prueba, las partes pidieron un nuevo estudio de ADN, teniendo en cuenta que existe una tecnología más avanzada. Ese análisis despejó dudas y determinó la imposibilidad de establecer que los rastros genéticos pertenezcan de manera indudable a alguno de los imputados.

El juicio tuvo lugar durante 9 jornadas a lo largo de marzo, con el testimonio de 31 testigos. Uno de ellos fue detenido por unas horas y se le formularon cargos por falso testimonio. En los alegatos de cierre, la Fiscalía solicitó la absolución de Belén Fernández Barrientos y la condena a 17 años de prisión de Felipe Carrasco y Carlos Rodrigo Morales Toledo. La querella en cambio señaló que ninguno de los tres acusados había asesinado a Atahualpa y pidió que se investigue a una persona mencionada en el debate.

Argumentos

Para los jueces, no logró acreditarse de manera precisa la participación y la motivación de los acusados en el homicidio. “Los elementos de prueba incorporados en la acusación resultan ambiguos, merecen reparos o resultan insustanciales desde el punto de vista de su eficacia probatoria”, explicaron los jueces.

“Ni siquiera existen indicios que permitan inferir las razonablemente las causas o el móvil del delito”, destacaron.

Asimismo, pusieron el acento en los estudios genéticos y el testimonio del Dr. Corach, del Servicio de huellas digitales genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, quien “pudo concluir que no se puede determinar quien es aquella persona que figura como aportante minoritario” del ADN hallado en la campera.

Para los jueces, no se puedo acreditar el vínculo entre los acusados y la víctima. Tampoco “se ha colectado prueba que ubicara al mismo tiempo a la víctima y los supuestos victimarios en el pub” ni “existió situación alguna que pudiera generar una gresca o situación de violencia física o verbal. La víctima no era una persona violenta -todo lo contrario- y de ello dan fe una gran cantidad de testigos”.

Para el Tribunal, tampoco se logró acreditar que el cuerpo fue trasladado en una camioneta Ford blanca, ya que no se hallaron rastros genéticos, huellas ni fue positivo el trabajo de canes sobre la misma. Finalmente, marcaron que no se logró secuestrar ningún arma de fuego que pudiera ser utilizada en el hecho ni se planteó una hipótesis que permita suponer que se la haya hecho desaparecer.

Junto con la resolución, el Tribunal dispuso el inmediato cese de las medidas cautelares que pesaban sobre los imputados.

Se llevó a cabo en el Juzgado Multifueros de San Antonio Oeste una reunión para abordar cuestiones relativas al abordaje de situaciones de denuncias de violencia familiar. El encuentro abarcó a representantes institucionales de la localidad, de Las Grutas y de Valcheta.

Comenzó el curso sobre “Capacidad Jurídica y Derechos Humanos”en Viedma, organizado por la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro como parte de su Plan Anual de capacitaciones.

En su apertura la jueza del Superior Tribunal de Justicia y presidenta de la Escuela de Capacitación Judicial, Liliana Piccinini, agradeció la “incondicional colaboración de la Dra. Iglesias que nos ha venido acompañando en nuestros esfuerzos, por ejemplo para aggionar nuestra ley provincial de Salud Mental a los contenidos de la Ley Nacional y de las convenciones. Siempre ha hecho su aporte de manera desinteresada, generosa y nosotros estamos muy agradecidos por ello”.

“Celebro que no estemos únicamente aquí los operadores del Poder Judicial, que se interesen también los efectores de salud y los operadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia”, remarcó la vocal del STJ.

“Estas son cuestiones que más allá de lo abarcativo de las ciencia jurídica tienen mucho que ver con la internalización de nuevos paradigmas ideológicos, que deben vencer algunos prejuicios y quizás algunos moldes educativos que hemos recibido”, reflexionó la presidenta de la Escuela de Capacitación.

El objetivo del curso es trabajar diferentes ejes temáticos relacionados con la discapacidad, los derechos humanos y la capacidad jurídica. El programa estará dividido en dos partes, una desarrollada a partir de ayer y una segunda etapa el 28 de agosto.

El curso está a cargo de la Dra. María Graciela Iglesias, Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión. Está destinado a jueces de la Cámara Civil y de Familia, funcionarios de sus Juzgados, Miembros de la Defensa Pública y Cuerpos Técnicos, además de otros organismos relacionados con la salud mental.