Poder Judicial de Río Negro

La Constitución provincial en su art. 206 inc. 5 impone al Superior Tribunal de Justicia que informe anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los tribunales. Dicha obligación es, a la vez, una buena oportunidad para rendir cuentas a la ciudadanía.

Desde la aprobación del Primer Plan Estratégico Consensuado -en el año 2015- a la fecha hemos bregado por brindar un servicio de justicia de la más alta calidad a los habitantes de nuestra provincia.

Bajo esa premisa  y en dicho marco, hemos llevado a cabo numerosos programas y actividades en distintos ámbitos e instancias, que dan cuenta de la continuidad en las políticas de Estado que este Tribunal -como órgano de gobierno del Poder Judicial- viene desarrollando desde hace muchos años, independientemente de su rotación en la presidencia.

Así, entre otras, forman parte de esas políticas: el desarrollo y la incorporación de herramientas tecnológicas que mejoran los procesos judiciales que -año tras año- suman nuevos organismos; el incremento del patrimonio edilicio y la búsqueda una arquitectura que les brinde identidad que tuvo continuidad con la Ciudad Judicial de Villa Regina, los juzgados de paz de Ramos Mexía y Coronel Belisle y el puntapié inicial para la construcción del  Complejo Judicial de Cipolletti; la formación permanente de los operadores y las operadoras  judiciales que contaron con una vasta oferta de capacitación; y, el fortalecimiento de todos los métodos autocompositivos, que hacen realidad un derecho humano  fundamental cual el acceso a justicia a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia procurando acercar a los sectores más vulnerables.

Lo que comenzó siendo una metodología de trabajo para el Superior Tribunal de Justicia rápidamente se extendió a todo el Poder Judicial y todos los años se suman nuevos organismos que comienzan a trabajar en Unidades de Planificación para continuar profundizando la Planificación Estratégica Consensuada como política pública del Poder Judicial. En esta oportunidad iniciaron esta tarea los Juzgados Civiles, los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de los Juzgados de Familia, la Auditoría Judicial General y la Secretaría del Consejo de la Magistratura.

En particular, el año judicial 2019/20 tuvo algunas cuestiones específicas a destacar. La primer Acordada del año 2019 estableció la obligatoriedad de capacitar y capacitarse en materia de Perspectiva y violencia de Género. Se trató del primer Poder Judicial en la República que adhirió a los términos de la ley nacional N° 27499 –conocida como ley Micaela- y, con un arduo trabajo durante todo el año, se logró capacitar en perspectiva de género a más del 70 por ciento de los y las agentes judiciales en toda la provincia.

Las acciones de acceso a justicia continuaron siendo una prioridad. Nuevamente, esta política mereció que Río Negro se ubique entre las tres provincias destacadas por la Corte Suprema de Justicia, a través de la confección de su Mapa federal de mecanismos de acceso a justicia.

La Reforma Procesal Penal se consolidó como un procedimiento ágil y transparente para resolver los conflictos penales. No sólo se acortaron notablemente los plazos, sino que se ha devuelto a las víctimas el protagonismo que merecen mediante una mayor participación e intervención en la solución del conflicto que les atañe. Y todo ello sometido al control de ciudadanos y ciudadanas, ya que  -en honor al sistema republicano de gobierno-  el principio es que todas las audiencias son públicas.

Luego, como otra expresión de participación ciudadana, ha de destacarse el proceso de preparación del sistema de enjuiciamiento a través de jurados populares. La nueva modalidad comenzó a regir el 1 de marzo de 2019. Sin dudas, un hito histórico: rionegrinos y rionegrinas toman parte en la administración de la justicia penal como miembros de un jurado popular y definen sobre la culpabilidad o no de otro ciudadano en la comisión de un delito grave. Para ello se trabajó intensamente en la capacitación de funcionarios y funcionarias judiciales, jueces y juezas y  abogados y abogadas de los distintos Colegios de la provincia, con expertos y expertas nacionales e internacionales, como así también en cuestiones de logística tales como las adecuaciones edilicias y algunos aspectos normativos que tuvieron acogida en las respectivas Acordadas.

La publicidad de los actos y la celeridad son principios que se extienden al ámbito administrativo. Así,  la búsqueda de todas las compras y licitaciones del Poder Judicial es pública a través de la página web, donde se pueden ver los últimos 400 procesos de adquisición de bienes y servicios, en su estado actualizado y con sus correspondientes bases, pliegos, resoluciones y adjudicaciones, descargables en formato PDF y cabe destacar que en la gestión 2019 de la Administración General las Contrataciones Directas se concluyeron en un promedio de 14 días y las Licitaciones Públicas en 35 días.

A iniciativa de este Poder, también en el año judicial 2019/2020 la Legislatura sancionó el primer Código Procesal de Familia de Río Negro, resultado del trabajo conjunto de la unidad de Planificación específica con las juezas y jueces de familia y los Colegios de Abogados de toda la Provincia. De este modo se dota al Fuero de Familia de una herramienta que atiende a la especificidad de los asuntos que allí se tratan y que tiene como ejes centrales la oralidad, la celeridad del trámite y la sencillez del lenguaje.

Hacia fin de año se dictó otra importante Acordada que tiene como destinatarios a un colectivo de personas en situación de desigualdad estructural. Mediante la Ac. 19/20 el Poder Judicial de Río Negro estableció un cupo mínimo del cuatro por ciento del total de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad. El STJ plasmó en la Acordada lo que ordena la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que llama a “promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Se pretende –de manera gradual- hacer realidad el “derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles”, tal como pregona la norma internacional citada.

Durante el año 2019 los rionegrinos y rionegrinas eligieron sus autoridades en el orden local y provincial. El Poder Judicial, con la organización del TEP y la participación de múltiples áreas, llevó adelante 12 procesos electorales con precisión y transparencia. Incluyeron autoridades provinciales, municipales y de Comisiones de Fomento.

El formato de esta Memoria Anual está adaptada las nuevas formas de búsqueda y consumo de la información, en formato web. El contenido se estructura en distintos capítulos: Acceso a justicia, que nuclea a los organismos no jurisdiccionales pero que trabajan por la resolución de los conflictos contribuyendo a la consecución de la paz social; Gobierno abierto, con datos de estadísticas y administración; las políticas públicas del Superior Tribunal de Justicia; la labor llevada a cabo por las Secretarías del Superior Tribunal; y, finalmente, la de organismos específicos cuya actividad puede resultar de interés para la ciudadanía.

Cumplimos con sumo agrado esta obligación que garantiza el acceso a la información pública por parte de las rionegrinas y rionegrinos.

Adriana Cecilia Zaratiegui

Presidenta STJ año Judicial 2019/2020