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La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal impactará en el funcionamiento de tres organismos de Cipolletti.
Habrá atención al público en la Fiscalía, ubicada en Yrigoyen 303, y en la Oficina Judicial sita en Urquiza 360.
La directora de la Oficina Judicial Marcela Martín informó que ese organismo comenzará a funcionar mañana 1 de agosto a partir de las 7:30 hs con atención al público hasta las 13:30 hs.
El acceso por calle España 742 permanecerá abierto pero no para consultas de los justiciables ni de los profesionales litigantes. Por ese sitio se ingresará a las cinco salas de audiencias, al Juzgado de Ejecución N°8, a las Defensorías Oficiales Penales y al Foro de Jueces y Juezas. Allí también funcionará el Cuerpo de Investigación Forense, el Departamento de Servicio Social, la Cámara Gesell, el depósito único de secuestros y evidencias y la sala de la Escuela Judicial de Capacitación.
Finalizado el proceso de extradición que se había iniciado en abril de 2016, el Poder Judicial de Brasil finalmente autorizó el traslado a Argentina del ciudadano Ottavio Gigli, quien se encuentra imputado como presunto autor de un homicidio ocurrido en General Roca el día 1 de septiembre de 2015.
La comunicación oficial sobre la autorización de traslado fue recibida en esta ciudad durante la feria judicial y de inmediato se libró el oficio correspondiente a Interpol Argentina, requiriendo a dicho organismo la planificación y materialización del viaje. La definición de los aspectos operativos de ese traslado (fecha, medio de transporte, lugar de llegada, etc.) corresponderá al mencionado organismo de seguridad, mientras que a la Justicia local competerá la designación de la comisión policial que deberá recibir al detenido.
La jueza civil de Cipolletti Soledad Peruzzi resolvió un recurso de amparo interpuesto por una pareja que pretende someterse a un tratamiento de fertilización asistida. La mujer posee IPROSS y el hombre OSECAC, sin embargo el trámite administrativo se extendió más de lo previsto porque las obras sociales no se pusieron de acuerdo respecto de qué porcentaje del tratamiento les correspondía cubrir.
Al momento de interponer el amparo consignaron que desde el año 2014 están con esos trámites y no logran resolución al tema de la patología que los aqueja.
1- Cuando se comete un delito la investigación está a cargo exclusivamente de los Fiscales, quienes representan a la sociedad y a la víctima. Los Fiscales son los titulares de la acción penal pública.
2- Los jueces y juezas se integran en un Foro y al no participar de la investigación no pueden ordenar pruebas de oficio, ni interrogar a testigos, víctimas e imputados; esta tarea compete al Fiscal y a la Defensa. De esta forma queda garantizada la imparcialidad de jueces y juezas.
3- El nuevo sistema profundiza la solución alternativa de conflictos mediante criterios de oportunidad como conciliación y mediación; con estos mecanismos el Ministerio Público Fiscal propicia la pronta resolución y satisfacción del interés de la víctima.
Durante la semana pasada se realizaron varias capacitaciones y prácticas con el personal de la Oficina Judicial de las diferentes áreas.
En Viedma se hicieron capacitaciones en las diferentes salas en las que se realizaron tanto confecciones de actas digitales, como prácticas de grabación de audiencias para los operadores de sala.
Por otro lado, en la Segunda Circunscripción se trabajó en Villa Regina y Choele Choel en dónde se hicieron las pruebas finales para los sistemas de grabación de audiencias y salas de ruedas de reconocimiento.
El Juez Carlos Mussi, titular del Juzgado de Instrucción N° 4, ordenó el procesamiento de Ariel Edgardo Leguizamón y Miguel Angel Baez, ambos miembros de ATE, por estimarlos coautores del delito de “Atentado a la Autoridad agravado por la reunión de más de tres personas y por poner manos sobre la autoridad todos ellos concursados idealmente, y del delito de Lesiones Graves y lesiones leves ambas agravadas por ser cometidas contra un miembro de la fuerza de seguridad pública policial, en concurso ideal”.
Estos procesamientos se suman a los de Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti por los mismos hechos.
La jueza Sonia Martín resolvió la prisión preventiva de Braulio Fabián Pérez y de Ignacio Joaquin Bastias, ambos acusados por tres robos cometidos en Cipolletti entre el 13 y 14 de julio.
Al momento de protagonizar los hechos delictivos los imputados se movilizaban en un Chevrolet Corsa gris. El 15 de julio, una comisión policial advirtió ese vehículo en la estación de servicios de calle Moreno de Cipolletti. En consecuencia identificó y detuvo a los ocupantes. Bastias ocultaba entre su ropa un revolver calibre 22.
En la misma resolución, la jueza Sonia Martín dictó el procesamiento de los imputados.
El Fiscal Martín Pezetta les atribuyó los delitos de "robo simple" y de "robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo".
Por medio de un proceso de menor cuantía, la Justicia de Paz de Cipolletti condenó a una empresa de transporte a indemnizar a un cliente por la pérdida de su equipaje.
Se trata de la empresa de ómnibus Flecha Bus de Derudder Hnos SRL quién deberá abonar, cuando la sentencia adquiera firmeza, la suma de 9.716 pesos.
El pasajero viajó el 31 de marzo de 2017 desde Cipolletti hasta Río Cuarto, Córdoba. Al día siguiente tenía previsto asistir a la ceremonia de casamiento de su hermana en el Registro Civil de la ciudad de Río Cuarto.
Cuando arribó a destino descubrió que su valija con todas sus pertenencias no estaba en la bodega del colectivo. En ese momento la empresa no le brindó ningún tipo de respuesta, limitándose el boletero a indicarle que complete un formulario para iniciar al reclamo.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó recurso de apelación interpuesto y fundamentado por la Fiscalía de Estado y confirmó el fallo de la Jueza de Amparo Marcela Trillini, que ordenó a IPROSS disponga la cobertura integral del tratamiento que requiere una afiliada, entre ellos cirugía, ante la rotura de implantes mamarios. Oportunamente el fallo hizo lugar en forma parcial a la acción de amparo presentado por la mujer y ordenó a la obra social provincial, disponga la cobertura integral de la cirugía indicada por el profesional tratante que conlleva el retiro de prótesis mamarias, por rotura de las mismas y de los granulomas ocasionados por la pérdida de silicona. El tratamiento deberá incluir, además, exploración de la axila izquierda. Cabe señalar que la Jueza de amparo tuvo en consideración el informe del Cuerpo Médico Forense respecto a los riesgos para la salud causados por la rotura de los implantes mamarios y el tratamiento indicado por el médico especialista. La magistrada sostuvo que se deben retirar ambas prótesis debido a que la asimetría corporal puede perjudicar la salud psíquica de la paciente , enfatizando que no se trata de una cuestión estética. Además destacó que la demora en el retiro del implante conlleva a un mayor riesgo de pérdida de material y agravamiento de la salud de la amparista.