El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro,  Ricardo Apcarián, mantuvo hoy una reunión de trabajo con jueces penales de San Carlos de Bariloche.

El Poder Judicial de Río Negro expuso la experiencia provincial en el Encuentro Internacional “Las Casas de Justicia en Argentina y América Latina”. La jueza de Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, disertó en esta actividad, que fue organizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), junto con la Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, y el apoyo financiero de Global Affairs Canadá. La vocal de STJ puso el acento en la función que cumplen las Casas de Justicia para llevar los mecanismos de acceso a justicia a distintas localidades, en el marco de una geografía y demografía provincial muy extendida y diseminada. Las cinco Casas de Justicia rionegrinas se complementan con los 49 Juzgados de Paz. La vocal compartió el panel nacional sobre “El rol de las Casas de Justicia en la resolución de conflictos públicos y el favorecimiento de la paz social” junto a la presidenta del STJ de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, la Dra. Gladys Álvarez de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia y Julio Marcelo Conte-Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Moderó María Alejandra Cortiñas, Presidenta del Club de Abogados Mediadores. Río Negro es una de las provincias con más mecanismos de acceso a justicia en el país. En el cierre, la Dra. Elena Highton de Nolasco, Vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación, destacó que “hemos abierto muchas Casas, la primera en Río Negro”, al tiempo que instó a “que la ciudadanía tenga acceso a ellas para disminuir la litigiosidad” de los juzgados. También aseguró que desde que se creó la comisión, en 2007, la Corte diseña “por primera vez políticas de estado para el Poder Judicial”. En la clausura de la actividad también estuvieron German Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Jaime Arellano, Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. El encuentro fue abierto al público y los distintos expositores de carácter nacional e internacional presentaron el estado de situación de las Casas de Justicia en Argentina y Latinoamérica, reflexionando en torno al rol de los métodos autocompositivos de resolución de conflictos como herramientas para la paz social y el acceso a la justicia. Según CEJA, una de las estrategias que más se ha consolidado a nivel de Latinoamérica es la de Casas de Justicia, centros interinstitucionales que reúnen diversos servicios en materia de justicia, los cuales van desde la entrega de información hasta la asesoría legal a la gestión y solución de los conflictos. En algunos países de la región se les denomina ‘Centros Interinstitucionales de Justicia’, ‘Tribunales Multipuertas’ o ‘Multi-Door Courthouse’, por su denominación en inglés. En estos centros se ejecutan mecanismos tanto de justicia formal como informal, y suelen ser el espacio propicio por excelencia para el desarrollo de los métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación. El encuentro de Buenos Aires procuró potenciar el rol de las Casas de Justicia a nivel regional y de Argentina, como estrategia para fortalecer el acceso a la justicia. Igualmente, permitió el intercambio de experiencias y buenas prácticas de las provincias argentinas, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Colombia y Chile.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de dos hermanos que están condenados a 10 y 15 años de prisión por haber abusado sexualmente en forma reiterada de una menor de edad en Valle Medio.

Se tuvo por acreditado que uno de los sujetos cometió los abusos desde que la víctima tenía 9 años de edad hasta que cumplió los 14 años y el otro desde que la niña tenía 14 años hasta fines de 2006, cuando el hecho fue conocido y denunciado por la madre de la menor de edad. Los hechos ocurrieron en la vivienda de uno de los imputados, con quien la niña y su familia tenían un vinculo familiar y de suma confianza.

En 2015 la Cámara Criminal Segunda de Roca condenó al imputado J.A.M. a 15 años de prisión como autor de los delitos de "abuso sexual simple contra una menor de 13 años, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos en número indeterminado de oportunidades, todo en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores", al tiempo que condenó a su hermano H.O.M. a 10 años de cárcel como autor de los delitos de "abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 16 años de edad, ambos reiterados en un número indeterminado de oportunidades".

Contra aquella decisión la defensa interpuso un recurso de casación que fue denegado por la Cámara. Entonces formuló un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, que también fue rechazado en septiembre de 2016. Ante esa confirmación, el defensor público interpuso un recurso extraordinario federal, con el objetivo de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el mismo fue rechazado en un reciente fallo del STJ, dictado por los jueces Adriana Zaratiegui, Liliana Piccinini y Sergio Barotto.

Para resolver, los magistrados consideraron que el recurso "no cumple algunos de los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco reglamentario fijado en la Acordada N° 4/2007, lo que obstaculiza la habilitación de la instancia pretendida". Entre esos requisitos se detallan varias cuestiones formales y también defectos de fundamentación, puesto que el recurso "reedita los planteos ya formulados en el recurso de queja (...) pero no hace una crítica puntual" ni "aporta razones suficientes para demostrar la arbitrariedad o la hipotética conculcación de derechos que alega o la existencia de una cuestión federal de entidad tal que amerite la especial intervención del máximo Tribunal de la Nación".

Delegación de Comunicación Judicial de General Roca

El juez de Garantías de Roca Rubén Norry impuso hoy la prisión preventiva por un plazo de 18 meses al imputado Octavio Francisco Gigli, contra quien se formularon cargos en audiencia oral y pública como presunto autor del delito de homicidio calificado por alevosía, hecho del que resultó víctima el ciudadano Guillermo Martínez.

El magistrado tuvo por formulados los cargos que expuso el fiscal de Homicidios Luciano Garrido y aplicó la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo máximo que prevé el nuevo Código Procesal Penal en su artículo 114, tal como lo solicitaron en la audiencia los abogados que representan a la familia de la víctima como parte querellante, Darío Sujonitzky y Juan Alberdi.

El Consejo de la Magistratura designó por unanimidad a Romina Martini y Juan Martín Arroyo como jueces de garantía. La sesión comenzó a las 15,30 horas en el auditorio Jose Luis Pefaure y fue presidida por el Presidente del STJ Dr. Ricardo Apcarián. Integraron los legisladores Alejandro Ramos Mejía, Facundo López y Leandro Lescano. Por el Colegio de Abogados integraron Raúl Ochoa, Martin Joos y Horacio Brucellaria.

En primer término el Consejo en pleno escuchó a los postulantes a que arribaron a esta última instancia. Expusieron Blanca Alderete, Juan Martín Arroyo, Romina Martini, Sergio Pichetto , Juan Pablo Laurence y Victor Hugo Gangarrossa.

El Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial brindó ayer en Choele Choel un taller para la aplicación del "Código de Buenas Prácticas para Gestión, Estadísticas y Sentencias Web" en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31 de esa ciudad.

Todo el personal y funcionarios del organismo así como su titular, la Dra. Natalia Costanzo, participaron de la capacitación dictada por los ingenieros Martín Vecchi y Germán Gómez Ríos, ambos dependientes del Centro de Planificación, cuyo director es el ingeniero Alfredo Bozzetti.

Las estadísticas que se elaboran a partir de la carga sistematizada de datos que establece el Código de Buenas Prácticas para toda la provincia permiten al Poder Judicial detectar oportunidades de mejoras y necesidades del servicio de Justicia y sirven como fundamento objetivo para la toma de decisiones de trascendencia institucional, como las iniciativas legislativas para la creación de nuevos organismos y para el dictado de normas y reglamentos. Así, por ejemplo, en 2016 los datos estadísticos relevados por el Centro de Planificación fueron claves para definir la puesta en funciones del nuevo Juzgado Civil N° 9 de Cipolletti y para fundamentar cuantitativamente ante la Legislatura Provincial la iniciativa para la sanción del primer Código Procesal Administrativo de la provincia.

Mediante la Acordada 14/2013 el Superior Tribunal de Justicia puso en marcha el Código de Buenas Prácticas del que ya participan todos los organismos de los fueros Civil, Laboral y de Familia, así como los Centros Judiciales de Mediación. El sistema colecta datos estandarizados mediante herramientas digitales y permite así medir y analizar de manera objetiva el ingreso y flujo de procesos judiciales que tramitan en todos los organismos incorporados, a los cuales se suma ahora el Juzgado Civil de Choele Choel.

Delegación de Comunicación Judicial de General Roca

El próximo viernes 25 de agosto se realizará en Cipolletti un debate abierto sobre última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La actividad forma parte de las Jornadas de Derecho Constitucional,  organizadas por el Colegio de Abogados Alto Valle Oeste y declaradas de interés académico por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

Se realizará en el salón de la CAPEAC en Cipolletti, sito en la calle Tres Arroyos 365. A las 14 hs del 25 de agosto están previstas las acreditaciones y a las 15 hs el inicio del debate.

El Juez Bernardo Campana hizo lugar a la impugnación presentada por el defensor particular Horacio Brucellaria en representación de  Pablo Jesús Cáceres, argentino, mayor de edad, y ordenó se conceda la prisión domiciliaria para el mismo, bajo estrictos controles de seguridad.

En  audiencia oral y pública, realizada en la fecha,  prevista por el Art. 113 del Código Procesal Penal,  el Juez Bernardo Campana escuchó los fundamentos  de la Fiscalía ejercida por el Dr. Martín Govetto, de la Querella a cargo del Dr. Sebastián Arrondo y del defensor particular Dr. Horacio Brucellaria.

La Jueza del STJ, Adriana Zaratiegui, resolvió hacer lugar a la acción de amparo de una madre en representación de su hijo menor de edad y ordenó a una obra social privada (Medicus) otorgar la cobertura integral del tratamiento para la enfermedad llamada “pie bot” bilateral.

De esta manera, la empresa de medicina prepaga deberá proveer en lo inmediato y en lo sucesivo, toxina botulínica (botox) indicada por el médico tratante. Además la Jueza habilitó la cobertura integral de la atención profesional que requiere el niño para su rehabilitación y de los tratamientos que pudieren prescribir en un futuro.

La madre del niño en la presentación del amparo explicó y acreditó que la patología de su hijo requiere sesiones periódicas de fisioterapia con el objetivo de mantener la flexibilidad, mejorarla, y corregir la marcha patológica, de modo tal que el tratamiento constante y progresivo posibilite el desarrollo normal del pie. Agregó que la falta de tratamiento en una etapa temprana del desarrollo dificultará considerablemente las posibilidades de una rehabilitación exitosa, impactando de manera directa en la calidad de vida del niño.

Con un planteo de la defensa que derivó en una modificación en la integración del Tribunal comenzó este jueves en Roca el juicio oral y público a los presuntos integrantes de la llamada "Banda del crudo", a quienes se atribuye la sustracción reiterada de petróleo de un ducto de la empresa Oldelval, en la zona norte de esta ciudad.

Hay diez personas imputadas y alrededor de 30 testigos convocados para el debate, que se desarrollará en al menos siete jornadas de audiencia. La próxima es mañana a las 8:30, cuando se espera la declaración indagatoria de uno de los imputados.

El debate es presidido por el juez de Juicio (ex juez de Cámara) Fernando Sánchez Freytes y el Tribunal quedó finalmente integrado por sus pares Alejandro Pellizzon y María Evelina García Balduini. Esta última jueza fue convocada tras un cuarto intermedio en la primera audiencia, luego de la recusación por razones meramente formales que planteó el defensor público Miguel Salomón respecto de la intervención del juez de Garantías (ex juez de Instrucción) Maximiliano Camarda.