Un trabajador de la construcción de Cipolletti será indemnizado por la ART luego del reconocimiento, como enfermedad profesional, de una epicondilitis. El hombre se desempeñaba como oficial, manipulaba una tenaza en forma reiterada y sufrió una lesión en su codo derecho. Percibirá más de 300 mil pesos.
En un acto que se realizó a primera hora de este lunes en la Ciudad Judicial, 43 estudiantes de Derecho de la Fadecs – UNCo iniciaron sus pasantías en organismos del Poder Judicial de Roca y Villa Regina.
El grupo de alumnos y alumnas cursa el último tramo de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional del Comahue y comenzará a cumplir sus pasantías de formación profesional en los próximos días.
Un fallo del fuero Civil de Cipolletti concluyó que el titular de un geriátrico de la ciudad debe responder por el daño moral en perjuicio de los hijos de un anciano. El hombre, de 85 años, murió en 2013 por las heridas y quemaduras ocasionadas por un incendio que alcanzó su colchón. Se determinó que había una deficiente instalación eléctrica, agravada por el uso de caloventores.
La sentencia es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelada. La condena alcanzó al propietario del geriátrico y a su compañía de seguros. El monto de la indemnización no se consigna aquí por razones de seguridad. Además el cálculo del daño moral está sujeto a la aplicación de un interés del 8% por doctrina del STJ y la determinación se realiza recién al momento del efectivo pago.
El trabajador había ingresado al servicio público que une Viedma con Bariloche en 2006. Entonces, según la presentación, no tenía enfermedades relacionadas preexistentes.
Bariloche será sede de jornadas y un curso internacional destinado a la investigación forense. Por un lado, se llevarán a cabo los días 16 y 17 de marzo las III Jornadas Patagónicas de Investigación Forense. Simultáneamente, se desarrollará la séptima edición del curso internacional de postgrado “Escuela para Forenses”.
Un club de Choele Choel y una aseguradora deberán indemnizar a un hombre que sufrió gravísimas secuelas físicas y psicológicas en un violento enfrentamiento que se desató al finalizar un partido de fútbol.
Hace algunos años, por el Torneo Argentino C, los equipos de Sportsman Club de Choele Choel e Independiente de Neuquén disputaron un partido en el estadio del club vallemediense. Según se acreditó en una causa penal, integrantes de la hinchada visitante comenzaron la agresión con piedras y otros objetos contundentes.
Un hombre que estaba con sus dos hijos fue impactado de lleno en el rostro cuando intentaba salir del estadio. Sufrió una fractura de cráneo y de nariz, cayó inconsciente y despertó luego en el hospital. Allí supo que su hijo de 4 años había sido resguardado por un vecino y que su hijo de 14 había podido salir de la cancha sano y salvo.
Un fallo de amparo del juez Cristian Tau Anzoátegui hizo lugar al reclamo de una afiliada del Ipross quien peticionó el reintegro del monto abonado por sus propios medios, ante la necesidad y urgencia de la realización de un tratamiento odontológico que incluyó cirugías de complejidad.
La sentencia consideró que como "fue la actora la que tuvo que abonar el tratamiento, nace la obligación de la demandada de reintegrar y pagar todos los costos que demandó su atención médica". Se destacó además, que en este caso, no existe ningún motivo para eximir a la obra social de la obligación de cobertura que tenía a su cargo, ya que, como ha quedado acreditado, la intervención quirúrgica ha sido realizada con miras a la protección de la salud de la paciente".
El Superior Tribunal de Justicia confirmó las condenas de prisión e inhabilitación para dos policías de Viedma por encubrir un delito contra la propiedad y por pedir dinero a la víctima para intermediar en la devolución de su bicicleta robada.
La delegación del Juzgado de Paz de Balsa Las Perlas estrenó una mesa de entradas realizada por un contraventor con colaboración del personal municipal. El hombre había sido multado luego de conducir a una velocidad excesiva y en consecuencia realizó los trabajos de tabiquería en concepto de tareas comunitarias. No hubo ningún costo económico para el Poder Judicial.