Después de haber entrado a robar a una escuela de Ingeniero Huergo a la que asisten niños y niñas de su propia familia, el joven admitió su responsabilidad en el robo de una computadora y aceptó ser condenado a un año de prisión en suspenso, con el compromiso de respetar múltiples pautas de conducta durante los próximos tres años. Antes de que finalizara la audiencia el joven pidió la palabra y se dirigió a la directora de la escuela: “Le pido disculpas... Perdón que me pongo nervioso. Pero me pongo a su disposición y le prometo que voy a hacer todo lo posible para cambiar”.
La jueza de Garantías Claudia Lemunao aprobó el acuerdo de juicio abreviado y también se expresó hacia las partes del proceso. “Este diálogo clarifica y da luz sobre el sistema de justicia, sobre cómo funciona y sobre la respuesta que podemos llegar a obtener cuando la Fiscalía y la Defensa asumen una participación activa, buscando dar una solución acorde con el conflicto primario”, indicó. Y específicamente al joven imputado le dijo: “Espero que pueda avanzar en su tratamiento, con el compromiso asumido hoy. Sabemos que las personas que sufren una adicción necesitan una gran iniciativa y fortaleza. Con el acompañamiento de su familia y del sacerdote, seguramente va a tener un buen final su historia”, sostuvo la jueza.
La mención a la intervención de un referente religioso no fue casual. Es que, según informó en la audiencia el abogado defensor del joven, ya tiene día y hora el comienzo de su tratamiento contra las adicciones en una institución salesiana de Villa Regina.
El hecho
El delito que se juzgó ocurrió a finales de enero de este año. De madrugada, el joven junto con un menor de edad rompieron un ventiluz de la Escuela Especial N° 15 de Ingeniero Huergo, ingresaron y sustrajeron una computadora, un teclado y un cargador. En la huida fueron advertidos por efectivos policiales, quienes los persiguieron varias cuadras. Entonces abandonaron en la calle los elementos robados y, tras forzar una puerta, ingresaron sin permiso a una casa. Allí se trenzaron en un forcejeo con los policías hasta que finalmente fueron contenidos.
El mayor de edad fue llevado a juicio, bajo los cargos de “robo simple, resistencia a la autoridad, daño agravado y violación de domicilio, agravado por la participación de un menor de edad”. En la audiencia la fiscal presentó ante la jueza el acuerdo de juicio abreviado que había alcanzado con el defensor particular: un año de prisión en suspenso y tres años de pautas de conducta que incluyen “fijar y mantener domicilio, presentaciones regulares ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL), compromiso de mantener su empleo estable actual o, en caso de perderlo, acreditar la búsqueda activa de un nuevo trabajo, e iniciar un tratamiento psicoterapéutico contra el consumo problemático de sustancias psicoactivas”.
El defensor informó entonces que el muchacho ya tiene fecha de inicio del tratamiento ambulatorio con el acompañamiento de una institución religiosa.
Participación a las víctimas
La jueza explicó en la audiencia que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas e informadas durante la gestión del conflicto y que, además, tienen derecho a ser anoticiadas sobre todo avance que se registre en el proceso de cumplimiento de las penas privativas de la libertad.
“Gracias por tenernos en cuenta. Los damnificados más importantes acá son nuestros alumnos, 200 alumnos con discapacidad, y 60 docentes. Hoy estoy acá en nombre de ellos”, dijo la directora.
Rescató que mediante el juicio abreviado “se cree un precedente, porque somos víctimas continuamente de este tipo de hechos”. Pero lamentó, sin embargo, el hecho de estar presenciando “una sentencia de una persona que en definitiva es mi vecino”.
“Ojalá puedas revertir la conducta”, le dijo al joven, tras señalar que él y su familia son personas cercanas a la escuela porque allí asisten o han asistido varios niños y niñas de su grupo familiar.