El hombre había sido condenado ayer a 12 años de prisión por abusar de su nieta. Se encontraba con una tobillera electrónica ambulatoria. Tras la sentencia, se pidió revocar ese beneficio. La condena, de todas formas, no está firme.
En el inicio de la audiencia de hoy, la Querella y la Fiscalía fundamentaron el pedido de prisión domiciliaria. La Defensa, en cambio, argumentó que no había riesgo de fuga. Luego de deliberar, los jueces retomaron la audiencia e informaron la resolución a las partes y al público presente.
Cuando se aprestaban a dar los fundamentos de la decisión, intempestivamente el abogado defensor abandonó la sala con un portazo, profiriendo gritos, disconforme con la resolución de los magistrados.
Los jueces culminaron la argumentación y el Fiscal Puntel pidió que se remita la audiencia a la Defensa para que pueda ejercer su derecho.
De todas formas, los jueces decidieron llevar a cabo una nueva audiencia, con la designación de un defensor oficial, que se desarrolló poco tiempo después. En esta instancia, ya con la Defensora Oficial Graciela Carriqueo, el juez Juan Martin Brussino relató escuetamente las circunstancias anteriores y repitió los argumentos de la decisión, de manera de completar la posibilidad de Defensa. Asimismo, informó que a través de la Oficina Judicial se remitirá el video y las actuaciones al Colegio de Abogados, para que evalúe a través de los órganos respectivos si la conducta del abogado constituyó una falta grave.
El caso
Ayer, el mismo tribunal resolvió de manera unánime condenar al persona que abusó de su nieta a la pena de 12 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de ascendiente. De esta manera, los magistrados coincidieron con el pedido de la Fiscalía y la Querella, desestimando la solicitud de la Defensa del mínimo penal.
Hace algunas semanas, tras un juicio oral y público, el imputado ya había sido declarado culpable. De acuerdo al nuevo ordenamiento procesal, tras esa declaración corresponde realizar un juicio de cesura, para imponer un monto a la pena.
En esa última audiencia, la Defensa había solicitado 8 años de prisión, mientras que la Fiscalía, representada por Juan Pedro Puntel y Mariana Giammona, argumentó en pos de una pena de 12 años. Lo mismo requirió la representante legal de la víctima, María Julia Mosquera.
El caso atravesó distintas etapas, ya que los abusos sobre la entonces niña se dieron varios años atrás. La víctima, ya mayor de edad, realizó la denuncia y en principio los jueces intervinientes debieron resolver sobre la prescripción o no de los hechos. Cabe señalarse que los delitos se juzgaron con la ley vigente al momento de su consumación. Luego fue modificada para evitar prescripciones, atento a la complejidad de los casos de abuso.
El hecho atribuido implica que el acusado abusó sexualmente en reiteradas ocasiones, entre los años 2000 a 2005, de una familiar directa, que entonces contaba con 13 años. Los delitos fueron denunciados muchos años después y allí comenzó el accionar del Poder Judicial.