A un oficial de policía se desempeñaba como subcomisario de la Unidad N° 23 de El Cuy, el fiscal Miguel Fernández Jahde le imputó el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público". Le atribuyó que la tarde del 15 de octubre de 2012, casi cuatro días después del homicidio del que resultó víctima el adolescente Jonathan Peña, el jefe policial "anotició" a una familiar directa suya de "que se llevaría a cabo un allanamiento en el domicilio" de un joven que estaba "relacionado afectivamente" con ella, en el marco de la investigación del crimen.
"Con dicho accionar, el nombrado no cumplió con su deber de funcionario público de mantener la reserva de la orden judicial tendiente a conseguir la prueba correspondiente, afectando la regularidad del acto y contrariando las obligaciones dispuestas en (...) el Reglamento de las Unidades de Orden Público" de la Policía Rionegrina, sostuvo la imputación.
Con respecto al imputado que se desempeñaba como médico del hospital de El Cuy, la fiscalía formuló cargos por un hecho ocurrido la mañana del 16 de octubre de 2012, atribuyéndole los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documento". De acuerdo con la acusación, en ese contexto "emitió un certificado médico falso" referido a un menor de edad con el cual tiene parentesco.
El documento en cuestión certificó que esa persona "no evidencia lesiones" al momento del examen, pero tres días después, el Cuerpo Médico Forense de Roca dictaminó que el joven sí presentaba heridas "con una antigüedad estimada entre 4 y 7 días, surgiendo de esta manera que se trataba de una certificación falsa" la realizada por el primer facultativo.
Cabe señalar que de la sentencia firme dictada en 2014 por la ex Cámara Criminal Primera de Roca en la "causa principal", el menor de edad relacionado con el certificado médico y la adolescente que recibió la información policial sobre el allanamiento fueron declarados penalmente responsables como autor y encubridora, respectivamente, del homicidio de Peña.
Tras escuchar en la audiencia oral y pública la imputación y la evidencia de la fiscalía, y sin que medie objeción por parte de la defensa particular de los dos imputados, la jueza de Garantías Natalia González tuvo por formulados los cargos. Con este paso procesal, el caso, que se había iniciado en un expediente de papel bajo el anterior sistema procesal penal, fue readecuado para la continuación del trámite según las pautas del nuevo Código.