La trabajadora comenzó a prestar servicios en 2016. Sus tareas consistían en la venta a comisión de los productos. Estaba encuadrada como promotora de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo. Entre sus labores, recorría comercios de la zona. También visitaba instituciones en búsqueda de potenciales asociados.
Para desarrollar sus tareas debía recorrer toda la zona de Adolfo Alsina, San Antonio Oeste y Río Colorado para lo cual, siempre según la presentación, aportaba su vehículo personal, afrontaba los gastos de alojamiento, combustible y demás.
Luego, la pandemia derivó en la disminución de las operaciones y contrataciones para todos los promotores, no obstante continuó esforzándose en la obtención de contratos de planes de salud prepagos.
Denunció en su presentación que Sancor Salud, en ese contexto, inició una reducción de personal y comenzó a hostigarla mediante la exigencia del cumplimiento de nuevas modalidades de trabajo.
Le obligaron a hacer determinadas tareas, como un “parte diario”, que solo le exigían a ella. Cuando requirió precisiones sobre si esas exigencias eran generales o personales, la empresa de salud le descontó un día de haberes.
Luego, ante el incumplimiento del “parte diario” le aplicaron cuatro días de suspensión sin goce de haberes fundado en la “falta de responsabilidad, compromiso y voluntad”. En todos los casos la trabajadora remitió carta documento donde rechazaba las acusaciones de “baja productividad” en el marco de la pandemia. Finalmente, en agosto del año pasado recibió la comunicación del despido.
La demanda
El proceso judicial se centró en “determinar si las causales de despido invocadas por la parte demandada existieron realmente y, en su caso, si las mismas tenían entidad suficiente para culminar con tan drástica decisión o, de lo contrario, corresponde acceder a las indemnizaciones reclamadas” por la promotora.
Sancor Salud no contestó los hechos sostenidos por la presentación: “se ha dicho reiteradamente que la falta de contestación de demanda o la rebeldía declarada, autorizan a presumir la veracidad”, dice el fallo.
De esta manera, los jueces laborales explicaron que la demanda debía “prosperar por todos los rubros reclamados con excepción de las diferencias salariales reclamadas y fundadas en la omisión del pago de las comisiones en tanto tales diferencias no fueron acreditadas”.
De esta manera, se condenó a la Asociación Mutual Sancor Salud a abonar a la trabajadora poco más de 4 millones de pesos.