La afectada hizo un reclamo ante el organismo recaudador pero no logró que se modifique el nombre de la persona obligada al pago del impuesto por aquel Suzuki Fun que había vendido en 2015. La respuesta de la ARTRN que fue nunca había recibido la denuncia de venta, por lo que, según los registros del organismo, la señora era la única titular del auto y adeudaba casi 15.000 pesos de Patente.
Frente a esa situación, la mujer inició una acción de hábeas data ante el Juzgado Civil N° 21 de Villa Regina y obtuvo un fallo favorable. La sentencia ordenó a la Agencia de Recaudación Tributaria “que en el término de 5 días sustituya al sujeto obligado al pago del impuesto automotor” del Suzuki, y que ese cambio de nombre sea retroactivo al 5 de agosto de 2015, fecha de la denuncia de venta que hizo la mujer ante el Registro de la Propiedad Automotor. El fallo dispuso además que la deuda acumulada no podrá ser atribuida a la señora y que la Agencia deberá “tomar razón” del nombre y los datos personales del zapalino que compró el auto.
La jueza consideró que la mujer actuó “apropiada y eficazmente con la presentación de denuncia de venta”. Entre los argumentos del fallo explicó que las normas nacionales vigentes (Decreto Ley Nº 6582/1958 y Ley Nº 25.232) obligan a los Registros del Automotor a notificar a todos los organismos oficiales provinciales y/o municipales las denuncias de venta o cesión de automotores “a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, etcétera) desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al titular transmitente”.
En el trámite del hábeas data se acreditó que la denuncia de venta fue inmediatamente comunicada desde el Registro del Automotor a la Agencia de Recaudación Tributaria “por medio de informe enviado por Correo Argentino”, pero esa información no se volcó a la base de datos del ente provincial y la mujer nunca fue desvinculada del vehículo vendido, por lo que las deudas de patente se siguieron acumulando a su nombre.
La Ley Provincial 3246 habilita la acción de habeas data como un “amparo especial de protección de los datos personales”. Puede iniciarla cualquier persona a la que “se le niegue el derecho a conocer gratuita e inmediatamente” los datos que figuran sobre ella o sobre sus bienes en cualquier registro de datos públicos pertenecientes al Estado provincial, a los municipios o a bancos de datos privados destinados a proveer información a terceros. La misma acción se utiliza para exigir la “supresión, rectificación, confidencialidad o actualización” de cualquier dato que resulte falso o discriminatorio en aquellos registros.