Para definir la pena, tras el juicio de cesura, el Tribunal valoró como agravantes “la gravedad del modo en que el hecho fue llevado a cabo”: que fue cometido por dos personas, que para perpetrar el asalto los imputados “llevaron una cadena y un hacha”, que atacaron de noche y “por sorpresa” a Navarrete y la gran cantidad de lesiones que le provocaron durante “el ataque injusto e ilegítimo que cometieron”. Como únicos atenuantes el Tribunal valoró que los imputados no tienen antecedentes penales y que trabajan.
La condena de los jueces Fernando Sánchez Freytes, Oscar Gatti y Gastón Martín fue superior a la pena de 10 años que habían solicitado los abogados defensores y la fiscalía. En tanto que el Tribunal declaró “procesalmente improcedente” la pena de 15 años de prisión que había solicitado la parte querellante en la audiencia de cesura, puesto que el límite máximo de 12 años de cárcel había sido establecido por las mismas partes en la audiencia de control de acusación.
Según establece el Código Procesal Penal de Río Negro, en la audiencia de control de acusación se define la competencia del Tribunal que juzgará un caso: si la parte acusadora anuncia que pretende menos de 3 años de prisión por un delito, la competencia para el juicio será de un tribunal unipersonal; si la pretensión punitiva que se anticipa va de 3 a 12 años de prisión, la competencia para el juicio será de un tribunal de tres jueces profesionales, como en este caso. Y si en la audiencia de control de acusación la parte acusadora anuncia que pretenderá más de 12 años de prisión, entonces se designa la competencia de un Tribunal Popular (juicio por jurados) para llevar adelante el juicio.
“La pena de 15 años solicitada por la querella es improcedente procesalmente, pues en la audiencia de control de acusación reclamaron un tribunal profesional y no un jurado, argumentando en la ocasión que no iban a reclamar más de 12 años de prisión”, señaló el Tribunal al fundamentar la pena.