Coincidieron –unánimemente- en que se está en presencia de un caso de violencia de género. Diana Maffia recordó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que cualquier ataque, acto de intimidación, amenaza y hostigamiento en contra de un juez o jueza afecta la independencia judicial, genera desconfianza por parte de la ciudadanía en el Poder Judicial y tiene un efecto intimidador y amedrentador sobre el resto de sus colegas”.
Agregó que “en el caso particular de las mujeres juezas que son víctimas de ataques u hostigamientos por el desarrollo de su función pública, como es el caso de la Dra. Pájaro, pesa no solamente el atentado a la seguridad personal y el impacto que éste tiene sobre el ejercicio de la judicatura, sino también el efecto disuasivo sobre otras mujeres para participar de un espacio de la vida pública que de por sí ya les es hostil”.
Por su parte, Dora Barrancos opinó que “resultaría especialmente trascendente por la ejemplaridad que el Poder Judicial jurisdiccional adoptara con la mayor celeridad las medidas tendientes al cese de este brutal acoso y sancionatorias del individuo”.
“En toda y cualquier circunstancia la violencia ejercida contra las mujeres es condenable, pero resulta de redundante significado si esa violencia se ejerce contra aquellas que ejercen la función sustancial de hacer cumplir las normas del Estado”, resaltó.
Por su parte, Mariana Ripa recordó casos similares que ocurrieron en la provincia de Chubut. También magistradas recibieron constantes amenazas de muerte, actos de hostigamiento y acoso, perpetrados por un hombre que habría sido parte en una causa que tramitara en juzgados de Familia. Se trata de juezas que “han dictado resoluciones judiciales que el agresor considera perjudiciales y en tal sentido sufrieron las consecuencias de la violencia de estos hombres”.
“Es relevante señalar la interseccionalidad que atraviesa a estas mujeres por su condición de juezas, que contrariamente a lo que se podría percibir, las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, de hecho, son atacadas mediante actos violentos, por sus decisiones jurisdiccionales y en razón de su género”, recordó. “Las magistradas que sufren violencia por su accionar jurisdiccional podrían encontrarse asimiladas al grupo al que la CIDH, reconoce como vulnerable”, finalizó
Por su parte, Perla Prigoshin, expresó que “no cabe duda de que se trata de acciones que implican violencia en razón del género”.
“Los funcionarixs y profesionales que intervienen en los procesos en los que se discuten disoluciones de vínculos, tenencia de hijxs, revinculaciones, etc., en contexto de violencia machista y/o abuso de lxs menores suelen ser víctima de lo que se conoce como “backlash”, una reacción negativa contra un avance o construcción social que amplíe derechos o incluya minorías y que en nuestro país se ha manifestado en la irrupción en la escena pública de organizaciones de padres”, aseguró.
Decisiones no apeladas
El proceso judicial en el que intervino la Magistrada culminó hace más de dos años. Todo ciudadano tiene el derecho de hacer revisa por una instancia superior cada una de las resoluciones judiciales. Sin embargo, no fue el camino elegido. Las decisiones judiciales adoptadas en el marco de dicho proceso se encuentran firmes ya que no fueron apeladas.
La disconformidad de ciudadano se tradujo en denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que integran representantes del pueblo y de los colegios de abogados. En este contexto, se analizó y se descartaron disfuncionalidades que ameritaran una sanción en ese ámbito.
De esta manera, conforme lo expresan las expertas consultadas, el hostigamiento de una persona focalizado con la jueza Marcela Pájaro por una decisión judicial que no lo favorece,que incluye obstrucciones en su lugar de trabajo, descalificaciones en ámbitos extra laborales, la investigación por amenazas de muerte, la creación de perfiles para el acoso por redes; no puede entenderse de otra forma que en el marco de violencia de género.