En mitad del juicio, previendo un posible vencimiento del plazo máximo legal de la prisión preventiva que cumplía el imputado, la Fiscalía solicitó al Tribunal una prórroga de la detención. El Tribunal de Juicio, por mayoría, interpretó que la prórroga no era necesaria porque la detención cautelar no vencería hasta noviembre, en función de la suspensión de plazos procesales derivada de la feria judicial extraordinaria por la pandemia.
La medida fue atacada por la Defensa y el planteo llegó al Tribunal de Impugnación, que días atrás remitió el caso al Foro de Jueces de Roca para su resolución. En cumplimiento de ese envío el juez Martín evaluó y finalmente rechazó los cuestionamientos del Defensor.
“Esta feria extraordinaria ha impedido la realización del juicio, fijado para el mes de marzo, y ha sacado al proceso de su faz dinámica, y tiene como consecuencia el no conteo de los plazos procesales, incluido el de la prisión preventiva”, argumentó el juez en su resolución, dictada el miércoles por la tarde, en una audiencia realizada mediante la plataforma Zoom.
Riesgo de fuga
El juez revisor también declaró vigente el riesgo procesal de fuga que justifica la prisión preventiva del imputado. En ese sentido, señaló que el pasado 18 de agosto, por unanimidad, el Tribunal de Juicio declaró culpable a González “de un concurso de delitos que importan en abstracto una elevada pena de prisión, lo cual podría eventualmente sustraer al sujeto del proceso, dándose a la fuga”.
En rigor, González fue declarado culpable de los delitos de “lesiones leves calificadas por violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces; abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por ser el autor persona conviviente y guardador; desobediencia a una orden judicial y abandono de persona seguida de muerte”.
El próximo 7 de septiembre se realizará la audiencia de cesura, donde el Tribunal analizará el monto de la pena de prisión que le corresponde cumplir al imputado por los delitos acreditados.