De la audiencia virtual participaron la jueza, la Defensora del Pueblo de Río Negro, el Defensor General del Poder Judicial, la Secretaria del Órgano de Revisión de Salud Mental de la provincia, la Coordinadora Zona Alto Valle Este de Salud Mental, la Defensora de Menores e Incapaces asignada al expediente, una Defensora Pública por la Unidad de Defensa de Derechos Sociales y Civiles y un Defensor Adjunto.
Los funcionarios analizaron los protocolos de internación y externación informados oportunamente por Valle Sereno y coincidieron en la necesidad de realizar una nueva audiencia, esta vez con la participación de la titular de las Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de Río Negro y los responsables del instituto de salud mental. Dicha audiencia se fijó para el 29 de mayo.
La premura por concretar las externaciones responde a que, en función de los nuevos estándares afianzados por la Ley de Salud Mental y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las mayoría de los pacientes internados en Roca no cumple con los extremos que autorizan una internación forzosa. Si bien integran un colectivo especialmente vulnerable en razón de discapacidades o trastornos de salud mental graves, no se trata de personas que representen “riesgo cierto e inminente para sí mismos o para terceros” ni padecen estados de “descompensación aguda”, únicos supuestos en los cuales la ley autoriza a mantener una internación involuntaria.
Según se estableció en el acta de la audiencia, en el próximo encuentro las partes deberán presentar a la jueza una serie de avances y un plan de externación para las personas que se encuentran en condiciones de ser dadas de alta. A tal fin, la Defensoría del Pueblo y el Órgano de Revisión de Salud Mental -que depende de la primera- articularán previamente los intercambios necesarios con el Ministerio de Salud y las Defensorías.