Los rechazos del STJ adhirieron a los argumentos de los dictámenes del Procurador General, que aconsejaban esa vía.
En el marco de la pandemia y el aislamiento social por el Coronavirus, se multiplicaron los pedidos -presentados por abogados particulares de las personas privadas de su libertad- para cambiar la modalidad de reclusión y acceder a la prisión domiciliaria.
En los fallos se destaca que "los Magistrados de esta Provincia, a cuya disposición se encuentran las personas privadas de libertad, por condena o cautelarmente, deben velar por la operatividad de las normas constitucionales en la ejecución de la restricción a la libertad de esos internos”.
Resalta que el control judicial se ejerce “juez por juez e interno por interno”, descartando la posibilidad de brindar beneficios masivos. En definitiva, el STJ encontró improcedente “la excepcional vía del hábeas corpus que pretende desplazar al Juez competente”.
Los dictámenes del Procurador General recuerdan que oportunamente se resolvió que “todos los miembros del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal deberán efectuar un análisis individual de cada caso en el que se planteen medidas de morigeración o alternativas de cumplimiento de penas”, ateniéndose además a determinados parámetros.
De esta manera, descarta -y el STJ toma esta argumentación en sus fallos- la posibilidad de beneficios colectivos, alentando la revisión caso por caso.