Esta audiencia de diálogo no fue técnicamente una instancia judicial sino una reunión multipartes para discutir problemas generales y avanzar en la búsqueda de posibles soluciones ante los reclamos de la población penitenciaria. El Poder Judicial puso a disposición sus recursos edilicios y técnicos, permitiendo el intercambio en simultáneo entre personas detenidas, funcionarios de distintos organismos de toda la provincia y autoridades judiciales.
El juez de Ejecución de Roca, Juan Pablo Chirinos, fue quien coordinó la mesa de diálogo, a pedido de las partes, en el marco del expediente caratulado “Internos Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 s/ Habeas Corpus (huelga de hambre)”, iniciado en diciembre pasado.
Sandra Ragusa y Shirley González, juezas de Ejecución de Bariloche y Viedma respectivamente, junto con el juez roquense, fueron los facilitadores del encuentro. Chirinos explicó que, de surgir a raíz de este diálogo algunas propuestas de acuerdo sobre temas puntuales, las mismas deberán ser presentadas ante su juzgado para su eventual homologación o derivación al organismo que resulte competente.
Durante el encuentro, que duró dos horas, se plantearon temáticas de carácter general, como la necesidad de unificar criterios de elaboración de los informes que requiere cada interno para la tramitación de beneficios legales. Otros temas centrales fueron el funcionamiento y falta de profesionales en los gabinetes técnicos criminológicos de los penales, los programas de tratamiento penitenciario, el reglamento de visitas y acercamiento familiar y la alimentación, entre otros.
“Considero que el encuentro fue positivo y esperamos que pueda implementarse esta modalidad para analizar temas más concretos como el acceso a salud y trabajo en las cárceles y el tratamiento post penitenciario”, opinó el magistrado.
De la mesa participaron el abogado Federico Batagelj en representación de las personas detenidas en el Penal 2 de Roca; la abogada Ana Calafat por el Observatorio de Derechos Humanos Provincial junto a estudiantes universitarios y familiares de personas detenidas; la Subsecretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor; el Director del Servicio Penitenciario de Río Negro, Hugo Cechinni; el Subdirector del Penal de Roca, Diego Ramos; las Defensoras Penales Oficiales Celia Delgado (Regina) y Blanca Alderete (Bariloche); los funcionarios de la Procuración General Penitenciaria de la Nación Ximena García y Rodolfo López Cotti, y Héctor Giménez de una ONG vinculada con la problemática.
La voz de las personas condenadas detenidas estuvo representada por dos internos del Penal de Roca, uno de Cipolletti, tres de Viedma y dos hombres y una mujer detenidos en Bariloche.