En su defensa la otra parte argumentó que habían firmado un boleto de compraventa puesto que el primer propietario, por razones personales, quería deshacerse de la vivienda.  Sin embargo el documento que probaba ese negocio no apareció y hubo una denuncia penal por el hurto de esos papeles.

La prueba central fue el trámite de alta de uno de los servicios puesto que la empresa proveedora tenía una fotocopia de ese boleto de compraventa que había sido sustraído.

Además el segundo ocupante demostró con testigos que él había permanecido allí durante un tiempo extenso, que había solicitado un préstamo para adquirir la vivienda y que había realizado mejoras de consideración.

Una pericia demostró todos los arreglos que se habían efectuado en la propiedad.

Sostuvo el juez Federico Corsiglia al momento de resolver: “la sumatoria de todos los elementos expuestos, frente a la orfandad probatoria de los argumentos traídos por la actora me llevan a concluir que he de tener por cierto que entre el Sr. C y el Sr. O existió un negocio jurídico , que si bien fue llevado delante de manera torpe y desprolija, las pruebas aquí recolectadas dan cuenta de que el mismo, efectivamente, existió, y que en consecuencia el Sr. O tomó la posesión pacífica del inmueble, de forma excluyente y a título personal y desde entonces y de manera ininterrumpida ha sostenido su ánimo de dueño, por lo que de ninguna manera puede ser encuadrado bajo la figura de intruso en la que lo ha colocado el actor. Así, y solo a modo de conclusión de todo el análisis realizado, en el contexto de la prueba producida, difícil es presumir que alguien realice mejoras superiores a cuatro millones de pesos en un inmueble sobre el que tiene la obligación de restituir”. En función de esos argumentos rechazó la demanda de desalojo.