La Subcomisión se creó en el ámbito del Poder Legislativo por la Ley Provincial N° 5153 y receptó el proyecto del Segundo Libro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ) referido al fuero de Familia, encabezado por la jueza del STJ Liliana Piccinini. Allí trabajaron también las y los titulares de los juzgados de Familia de las cuatro Circunscripciones y las Cámaras Civiles y sus respectivas secretarías y los Colegios de Abogados de Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti.
En diciembre del año pasado, el anteproyecto del Código Procesal de Familia logró consenso por parte de todos los representantes que participaron de la redacción luego de casi dos años de intenso análisis y debate.
La Subcomisión fue presidida por la legisladora Tania Lastra en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Participaron también las legisladoras Marta Milesi, Norma Coronel y Silvana Larralde; la jueza Liliana Piccinini; las juezas de Familia Carolina Scoccia (Primera Circunscripción), Andrea Tormena (Segunda Circunscripción), María Marcela Pájaro (Tercera Circunscripción) y Marisa Palacios (Cuarta Circunscripción), y los abogados Simón Orte (Colegio de Viedma) Ángela Sosa y Marcos Urra (Colegio de Roca), Adriana Pasta y María Fernanda de la Fuente (Colegio de Cipolletti) y Nadina Moreda (Colegio de Bariloche).
El Ministerio Público también participó del debate del Código Procesal y en la reunión de Cipolletti el Procurador General Jorge Crespo envió una comunicación para hacer saber su conformidad.
El proyecto
El texto debatido este lunes tiene 221 artículos y un anexo con un “Protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional de niños”. Además de los principios generales y pautas básicas del proceso, propone un régimen específico en materia de medidas cautelares y regula los procesos especiales que tramitan en el fuero de Familia, como los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar y de género, sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, procesos de adopción y procesos declarativos de restricción a la capacidad.
El futuro Código se basa, además, en los principios de oralidad, celeridad del trámite y sencillez del lenguaje, al tiempo que establece pautas claras para la derivación al fuero penal (Ministerio Público Fiscal) de los casos que impliquen violencia física y, en consecuencia, configuren delitos. Además, define con más precisión los roles de los operadores judiciales en los expedientes y las acciones a cargo del Poder Ejecutivo en los procesos relacionados con niños, niñas y adolescentes.