Tras la presentación del amparo por parte de padres de alumnos que concurren al edificio escolar, y sucesivos informes e inspecciones oculares, las partes habían llegado a un acuerdo que incluía doce puntos a mejorar en el establecimiento.
A partir de ese momento, la función del magistrado estuvo relacionada con la fiscalización de dicho acuerdo entre partes. En la última inspección verificó el incumplimiento parcial o total de cuatro de los doce ítems convenidos.
Los puntos acordados incluían revisión y mejoramiento de la presión de agua caliente en la cocina, reparación de puertas de salida de emergencias, mejora en la calefacción de algunos ámbitos, dar solución a algunos problemas de humedad, cuestiones de combustión de calefactores en algunas aulas, arreglos de puertas, señalización del plan de evacuación y salidas de emergencia, colocación de un brazo hidráulico en la puerta de acceso al establecimiento, colocación de puertas en armarios, reemplazo de algunos desagües, entre otros.
Tras la verificación, se comprobó que restaba mejorar la combustión de algunos calefactores, instalación de puertas en armarios y colocación de elementos en puertas. Para dar solución a estos temas pendientes, el juez puso un plazo de dos semanas. En cambio, estipuló hasta el 10 de diciembre para terminar las mejoras en la presión de agua caliente en la cocina.
Las partes involucradas incluyen al Ministerio de Educación, los amparistas y la Defensora de Menores. Este tipo de amparo, según establece la Ley, tiene como norte la búsqueda de mecanismos conciliatorios.