La Comisión analizó el proyecto durante algo más de tres horas y los distintos actores participantes mostraron una coincidencia general con la iniciativa, tanto en su relevancia como en su contenido. Del aporte de las partes surgió la necesidad de readecuar el orden de uno de los artículos para otorgarle mayor claridad.
También se acordó realizar un nuevo encuentro de trabajo para proponer algunas reformas y ajustes al Código Procesal Penal de Río Negro.
El proyecto que remitió el STJ es el resultado de una labor de más de dos años. La jueza del máximo Tribunal, Liliana Piccinini, explicó que su génesis fue un primer borrador de trabajo surgido en las Jornadas Internacionales sobre Sistema Penal Juvenil y Derechos Humanos, desarrolladas en Bariloche en febrero de 2015.
A partir de esta matriz, el Superior Tribunal, con los aportes del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal, y la consulta y asesoramiento de UNICEF, confeccionó el proyecto definitivo que se remitió a la Legislatura, argumentó la Dra. Liliana Piccinini.
La magistrada recordó que en ocasión de la sanción de la Ley 5020, que implicó un nuevo Código Procesal Penal, quedó pendiente la cuestión que ahora aborda la Comisión, ya que el sistema implementado a partir del 1 de agosto del año pasado no contempla la modalidad mediante la cual se debe regir el debido proceso legal para juzgar la responsabilidad de las personas en conflicto con la ley que no hayan cumplido 18 años de edad.
“Por consiguiente, estamos por fuera de lo que exige un Estado Constitucional de derecho, de los estándares de la Convención y de la Ley de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes N° 26.061, a la que adhirió esta Legislatura”, aseveró la vocal del STJ. Recalcó, asimismo, que “el principal mandato de esta ley es que los jóvenes deben tener como mínimo las mismas garantías que los adultos, con más el plus protectivo que corresponde a la franja etárea”.
Esta asignatura pendiente de legislación requiere ser subsanada con urgencia, ya que implica un incumplimiento de la Convención, explicó la jueza Liliana Piccinini.
Durante el debate, también argumentó porqué el proyecto de ley no prevé la creación de un fuero específico y, en cambio, hace mención de la capacitación especializada. ”El índice del ingreso al sistema de jóvenes en conflicto con la ley penal no constituye un flujo que amerite la incorporación de más Jueces y operadores del Ministerio Público”, explicitó.
En efecto, oportunamente la Defensora General Rita Custet había señalado que “en Viedma sólo el 1,5% de los delitos graves en 2016 fueron cometidos por adolescentes. Esta proporción se sostiene con pocas variaciones en el territorio provincial en el cual sólo el 6% de los delitos son cometidos por adolescentes”.
La Defensora General manifestó que es necesario superar tanto la visión del “paternalismo ingenuo” como aquellas posturas que proponen prisión en condiciones de igualdad con los adultos.