La actividad, organizada por la Escuela de Capacitación y la Oficina de Género del Poder Judicial, comenzó este martes en Cipolletti y continuó el miércoles en Roca.
Participan por el Poder Judicial la jueza del Superior Tribunal de Justicia rionegrino Adriana Zaratiegui y Beatriz Mosqueira, Coordinadora de la Oficina de Género.
La principal expositora, una de las principales referentes nacionales en la materia, llamó a los jueces y juezas rionegrinos a "internalizar" los tratados, resoluciones y recomendaciones internacionales de Derechos Humanos relacionados con la temática de género. Para la disertante, el principal desafío no es el conocimiento teórico de las normas vigentes, sino la "sensibilización" personal de los operadores judiciales.
"La preparación, en este caso, no parte solamente del estudio, sino de la sensibilización. El hecho de conocer los tratados, recitarlos y decir que los han estudiado no vale de nada si frente al caso concreto no tienen la sensibilidad para captar que eso que están viendo es un acto de subordinación", sostuvo Cafure de Batistelli en su mensaje a la judicatura. "Si no hacemos esto, como jueces no vamos a poder interpretar la ley, no vamos a poder entender qué es la violencia de género", afirmó.
El martes por la tarde, en Cipolletti, expusieron la Dras. Cafure de Batistelli y la vocal del TSJ de Neuquén y responsable de la Oficina de la Mujer de ese Poder Judicial, Dra. Soledad Gennari, acompañadas por la socióloga Mariana Villareal, del Poder Judicial de Córdoba. Allí, los y las magistrados de Cipolletti tuvieron la posibilidad de intercambiar su experiencia y abordaje sobre casos concretos que merecieron una especial aplicación de la perspectiva de género. En tanto que el miércoles, en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca, participaron del taller los integrantes del Foro de Jueces y Juezas Penales de la Segunda Circunscripción junto con funcionarias del Ministerio Público Fiscal, la Oficina de Atención a la Víctima y la Comisaría de la Familia de Roca, entre otros.
Para qué un protocolo
La jueza del Superior Tribunal de Justicia Adriana Zaratiegui señaló la importancia de contar con un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. "Desde el STJ hemos detectado algún déficit en la formación" de algunos operadores judiciales en una temática que es tan amplia y relativamente novedosa como la normativa nacional e internacional en materia de género.
"Tenemos que entender que cuando hablamos del derecho a tener una vida libre de violencias estamos hablando de Derechos Humanos, que son irrenunciables", sostuvo, y enfatizó en que la aplicación de los Tratados es "un imperativo".
"El estado y los jueces tienen el deber de trabajar para desterrar los estereotipos con que nos hemos criado, que atribuyen culturalmente distintas conductas a los hombres y a las mujeres, y que a veces es muy difícil detectarlos porque los tenemos en la cabeza, como prejuicios, y son un obstáculo para juzgar sin discriminaciones", analizó la jueza.
El peso de los estereotipos, aclaró Zaratiegui, "no es un problema exclusivo de los hombres". "Tenemos 500 años de patriarcado atrás, patriarcado que está 'vivito y coleando' y del cual somos hijos e hijas".
Un fallo clave
En agosto de 2016 el Superior Tribunal de Justicia dictó una sentencia rectora en materia de perspectiva de género para el ámbito penal. Allí los jueces, además de resolver sobre el caso específico, ordenaron que la Oficina de Género del Poder Judicial y la Escuela de Capacitación comiencen a trabajar en la elaboración del protocolo "para el juzgamiento de los casos con perspectiva de género".
Beatriz Mosqueira, a cargo de la Oficina de Género señaló que este taller realizado en Cipolletti y en Roca ya se concretó en Bariloche y se replicará en otras ciudades. El objetivo es que "cada uno de los participantes aporte sus saberes, con el acompañamiento de expertos" y de cada encuentro surjan aportes para la elaboración del Protocolo, que ya está en "instancia de borrador".
"Incorporar esta perspectiva es una obligación de todos los integrantes de la sociedad, pero fundamentalmente de los juzgadores/as en razón de garantizar la tutela judicial efectiva a todas las mujeres que se encuentren insertas en un proceso judicial", sostiene en su fundamentación del proyecto.