Además, la iniciativa parlamentaria prevé incorporar institucionalmente mecanismos que ya se vienen aplicando de manera paulatina, como las mediaciones extrajudiciales en las Casas de Justicia, la conciliación laboral y la Facilitación. Este último recurso se aplica para conflictos de magnitud social, como las tomas de terrenos. Este punto es el único de los procesos penales en el cual se inmiscuye la iniciativa.
El juez del STJ, Ricardo Apcarián, hizo un recorrido del crecimiento de estos métodos consensuados: “la mediación se inició en el año 2000 y fue teniendo una evolución vertiginosa. En el 2001 se crea el programa, en el 2002 se comienza con la mediación voluntaria y en el año 2004 por Acordada del STJ se establece la obligatoriedad para determinadas materias. Lo que sucede a partir de ahí tiene como protagonista a la propia Legislatura. En 2006 y 2016 se dictaron sendas leyes, aprobadas de manera unánime”.
Explicó que “nosotros no proponemos ningún cambio de fondo a la norma vigente, sino una ley integradora”.
También explicó las ventajas de reducir la litigiosidad mediante el logro de acuerdos en pasos anteriores en la rapidez y la reducción de costos para la ciudadanía: “La estructura de la totalidad de los métodos autocompositivos implica solo un 6 % del costo que para los rionegrinos significan los Juzgados Civiles, de Familia y Cámaras Civiles y de Trabajo”.
Luego, destacó que actualmente “estamos tramitando 14 mil procesos en instancia de de resolución consensuada de conflictos, con un índice de solución de las causas sustanciadas superior al 80 por ciento”.
“Desde el punto de vista institucional es una política medular del STJ estimular la solución autocompositiva de conflictos, en el entendimiento de que las variables de impacto en el presupuesto y sobre todo el nivel de satisfacción de los usuarios no es comparable con la solución a través de las sentencias”, explicó.
Recordó que se trata de “una solución que nadie se la va a imponer, que a partir de la reforma normativa es gratuita para la gente”.
Añadió que “proponemos incorporar la Conciliación Laboral. En este punto la labor del Poder Judicial es complementaria de las conciliaciones que realiza la Secretaría de Trabajo. Ambas instituciones hicimos un convenio y una prueba piloto en Cipolletti, junto al Colegio de Abogados, para establecer la obligatoriedad de la instancia, dándole al trabajador la posibilidad de escoger ir al Cejume o la Secretaría de Trabajo. Esta instancia no implica que acepten la conciliación, pero sí deben acreditar haber pasado por alguno de los dos organismos”.
“Otro cambio que se propone es crear la figura del Defensor Titular de Mediación, en el ámbito de la Procuración. Aún cuando hoy el servicio de asistencia gratuita se están dando con defensores adjuntos, solían priorizar lo jurisdiccional a la autocomposición. Para nosotros es más importante llegar a una solución consensuada que una imposición de un juez o jueza a través de una sentencia.”, finalizó
Por su parte, Norah Aguirre expresó que “El Poder Judicial en los últimos años ha transformado la cultura organizacional y le ha hecho espacio a un paradigma nuevo como es la autocomposición de intereses, las soluciones pacíficas, efectivas, rápidas y económicas”.
“Pretendemos con esta ley darle sustento normativo a todo lo que ya está ocurriendo. Había una necesidad de poner cierta prolijidad en la normativa. La mediación prejudicial obligatoria lleva una reforma desde 2016, aprobada por esta Legislatura. Hemos podido corroborar que fue muy buena, muy efectiva, todo el tiempo se visualiza en los parámetros objetivos esta mejora”, amplió la titular de la DIMARC.
Expresó que la reforma implicará agregar a la ley “las mediaciones extrajudiciales, que se desarrollan en las 5 Casas de Justicia ubicadas en ciudades más alejadas de las cabeceras. Solo teníamos un manual operativo aprobado por el STJ, construido por consenso, pero que necesita estar en una norma”.
“Otra metodología son los procesos de Facilitación, que son mecanismos de construcción de consensos en conflictivas públicas, atravesados por cuestiones sociales, políticas, económicas. Muchos de ellos hoy se recepcionan directamente en el área, se arman equipos en cada lugar. Ya llevamos más de 60 procesos de este tipo en etapa experimental. Con la inclusión en la ley se procura darle institucionalidad a la metodología”, explicó.
Más adelante, se refirió a la conciliación laboral: “fue creciendo gradualmente en la provincia, trasladándose a cada una de las circunscripciones. Originalmente se firmaban convenios entre el STJ, las Cámaras Laborales y los Colegios. El crecimiento en cuanto a los niveles de acuerdo hace que hoy podamos incorporarlos en el texto normativo, unificando todos los procesos. Además, se instauraría la obligatoriedad gradual en toda la provincia. Esta obligatoriedad, como en otros casos, se refiere a la instancia, no a la permanencia.
Por último, recordó que “la Corte Suprema de Justicia tiene un mapa de acceso de justicia que lidera Río Negro, justamente por la cantidad de mecanismos con que cuenta. Es una provincia de vanguardia, somos muy ponderados en este tema. A mi me toca representar a la provincia en las reuniones nacionales y la verdad es que tenemos un liderazgo del que todos, como provincia, debemos sentirnos orgullosos”.
En este punto recordó que “tenemos un porcentaje de acuerdo altísimo, un desarrollo territorial de 22 organismos que procuran este acceso a justicia primaria. Lo que el STJ propicia como política pública es atender la mediación es el primer lugar adonde el ciudadano concurre en procura de la solución”.