Cuando se inicia una causa judicial por un accidente laboral, para auxiliar con su conocimiento a los juzgados y las partes, el Cuerpo de Investigación Forense (CIF) brinda asistencia técnica y científica para realizar las pericias.
Para conocer más del trabajo del CIF, el Centro de Planificación Estratégica del STJ, creó una serie de infografías sobre como interviene el cuerpo ante distintos casos.

Hoy cerró el plenario de juezas y jueces de Paz en Jacobacci. Durante el segundo y último día se expusieron temas inherentes al trabajo cotidiano, experiencias y sugerencias de mejoras.
En los relatos quedó reflejada la multiplicidad y diversidad de problemáticas que llegan a diario a los juzgados y su estrecha relación con el tamaño e idiosincrasia de cada localidad.
Cuarenta y ocho juezas y jueces de Paz en plenario expusieron y debatieron temas inherentes a su tarea. El plenario está coordinado por la jueza Cecilia Criado, delegada del Superior Tribunal de Justicia en la temática; el vocal del STJ Sergio Ceci y el inspector de Justicia de Paz, Pablo Zille.
El pleno de titulares de los Juzgados de Paz coincidió en que la fortaleza que presentó este encuentro fue el intercambio directo de experiencias y análisis de casos que se presentan. Las situaciones que se reiteraron a lo largo de la jornada tuvieron fuerte eje en el tratamiento de casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y reclamos patrimoniales de menor cuantía.
Además de la tramitación en sí, se puso en relieve la necesaria articulación con otras instituciones gubernamentales para un óptimo servicio de justicia.
También, mediante el trabajo en comisiones, se analizó el régimen contravencional vigente en la provincia y se compartió un proyecto legislativo para un nuevo Código que se denominaría de "Convivencia".

Los vocales del STJ escucharon todas las consultas, propuestas y sugerencias. Destacaron que de manera articulada con el área de Planificación Estratégica se trabajará en un instructivo relacionado que involucre de manera directa el trabajo y las incumbencias de los juzgados de Paz.

Caso Cárdenas Carrasco: la Corte confirmó todas las condenas a jefes policiales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas a Víctor Cufré, Argentino Hermosa, Jorge Villanova, Víctor Darío Pil, Víctor Hugo Sobarzo y Marcos Rubén Epuñan en el marco de las muertes de los jóvenes Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (16), ocurridas durante los hechos de violencia del 17 de junio de 2010 en Bariloche.
De esta manera, ratificó los fallos del Tribunal de Juicio y del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que oportunamente habían confirmado las condenas a prisión efectiva.
Las resoluciones confirmatorias de la Corte Suprema son cortas, porque consisten en el rechazo de los recursos de queja por falencias formales, puntualmente en este caso por no haber adjuntado toda la documentación exigida por la Corte para tramitar el recurso. “El apelante no ha dado cumplimiento al recaudo establecido en el art. 7°, inciso c, del Reglamento aprobado por la Acordada 4/2007, por lo que corresponde desestimar la presente queja”, dice la resolución que deja definitivamente firmes las condenas.

El caso
En diciembre de 2018, la Cámara Criminal Primera de Bariloche condenó a Cufré, secretario de Seguridad provincial al momento del hecho; Villanova, ex jefe de la Policía provincial, y Hermosa, ex titular de la Regional Tercera de Bariloche, a la pena de cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación, tras haberlos declarado “coautores de los delitos incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio culposo, lesiones culposas (leves y graves) en concurso ideal”.
El mismo fallo condenó a los policías Pil, Epuñan y Sobarzo a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por el delito de “homicidio en riña, agravado por el uso de arma de fuego”, como responsables de la muerte de Cárdenas.
Luego el STJ trató las apelaciones de las defensas y confirmó todas las sentencias condenatorias, así como la absolución del por entonces jefe de la Comisaría 28 de Bariloche, Jorge Raúl Carrizo, tal como había resuelto la Cámara Criminal.
En aquel momento, tanto las partes querellantes como la defensa habían recurrido la sentencia del Tribunal barilochense. El Superior Tribunal de Justicia analizó en detalle cada uno de los agravios y rechazó fundadamente todos ellos, confirmando íntegramente la sentencia original.

Los hechos acreditados
Según la sentencia, pasadas las 16:20 del 17 de junio de 2010 dos grupos de policías ingresaron a la calle Oses, uno desde la esquina con Onelli y el otro desde Elordi. A mitad de cuadra quedó encerrado un grupo numeroso de manifestantes que les arrojaba piedras y en ese contexto ambos grupos policiales dispararon con escopetas 12/70 y 12/76, algunas con cartuchos con postas de plomo, y resultó herido de muerte el joven Nicolás Carrasco.
Esa misma tarde, a una cuadra de distancia, pasadas las 17:30 murió Sergio Cárdenas, en la calle Sobral, entre Onelli y Elordi. Fue atravesado por un proyectil de plomo que le ingresó al tórax tras un rebote. El joven estaba en el grupo contra el que “acometieron deliberadamente (...) ejerciendo violencia directa” los policías Pil, Epuñán y Sobarzo, quienes también portaban escopetas, algunas cargadas con postas de plomo.
La justicia acreditó que “tanto el personal policial que intervino en la maniobra que terminó con la vida de Nicolás Carrasco como el grupo que ocasionó la muerte de Sergio Cárdenas utilizaban de modo indiscriminado municiones de plomo y antitumulto”.
Todo ocurrió a un par de cuadras de la Comisaría 28 de Bariloche, donde se habían enfocado las violentas protestas a raíz del homicidio del adolescente Diego Bonefoi, cometido horas antes por el efectivo policial Sergio Colombil.

“Omisiones y comisiones”
El abogado defensor de los jefes Cufré, Villanova y Hermosa pidió que se revoquen las condenas porque “no realizaron aportes aptos para producir los resultados” trágicos ni tampoco “tenían la posibilidad de prever la situación”. El STJ rechazó el agravio afirmando que “en la oportunidad de los tumultos acaecidos ostentaban los más altos cargos en la organización”, repasando punto a punto la normativa que regía sus funciones.
“Por la manera en que se desplegó la actividad policial, es del todo evidente que no hubo ningún plan o coordinación en pos de los objetivos fijados por la ley” en cuanto a coordinación, control, mantenimiento del orden y resguardo del ejercicio de derechos y garantías constitucionales, atribuyó el STJ a los jefes Policiales y de Seguridad.
El fallo los responsabilizó no sólo por el incumplimiento de deberes sino que ratificó la relación entre ese incumplimiento y las muertes. Afirmó que Pil, Epuñán y Sobarzo “se colocaron en situación y oportunidad de disparar (y así lo hicieron) ante las omisiones y comisiones de los tres coimputados Hermosa, Villanova y Cufré, quienes de modo doloso ejercieron una función contraria a las leyes y decretos reglamentarios. En otras palabras, es justamente la normativa infringida (que exigía al señor Hermosa la concurrencia, la presencia en el lugar de los hechos y la coordinación; y a los señores Villanova y Cufré la coordinación y elaboración de un plan preventivo y represivo, con el dictado de las órdenes correspondientes) la que brindaba un ámbito de protección a las víctimas, de modo que su incumplimiento fue lo que elevó el riesgo permitido al impedir una actuación profesional del personal policial que, colocado en la situación en que estaba, por decisiones desatinadas, provocó las muertes y las lesiones acreditadas”.
El defensor cuestionó, por otro lado, la condena a los tres policías por la muerte de Cárdenas. Alegó “falta de certeza” sobre el origen del disparo.
El STJ convalidó la condena porque el delito de “homicidio en riña” no requiere que se identifique al autor material del disparo. Se aplicó esa figura, justamente, porque “no era posible determinar cuál de los tres policías individualizados había efectuado el disparo del proyectil que, con rebote mediante, causó la muerte de Cárdenas; entonces responden todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, es decir, en este caso concreto, los tres que dispararon sus escopetas en esos momentos, inmediatamente luego de lo cual cae herida mortalmente la víctima”.

Los pedidos de las querellas
La familia de Cárdenas intentó ante el STJ revertir la absolución que había favorecido al comisario Carrizo, pero el planteo fue rechazado porque la violencia policial que derivó en las muertes no provino de sus decisiones sino de “la desorganización de la actuación policial (...) que fue decidida por sus superiores”.
“Todo el desarrollo de la sentencia (...) ha hecho referencia a la ausencia de una planificación integral para resolver una situación tumultuaria que excedía la competencia del Comisario, en tanto otros rangos superiores a él habían dictado las órdenes respectivas que justamente llevaron a tal desorganización”, concluyó el STJ.
La misma parte pretendió con la casación que se agraven todas las condenas dictadas, pero el planteo fue denegado porque el Código Procesal Penal sólo permite a los acusadores apelar las penas que sean menores a la mitad de lo pedido por esa misma parte en el juicio, condición que no se cumplía en este caso.
La otra parte querellante, por la familia de Carrasco, cuestionó que el Tribunal de Bariloche no ordenó expresamente reenviar el caso a la Fiscalía para que trate de esclarecer quiénes fueron los autores materiales y los encubridores del homicidio del adolescente. Al respecto el STJ señaló que “no existe impedimento alguno para su denuncia y el consecuente inicio de una investigación preliminar” por parte de la Fiscalía.

Esta semana se llevó a cabo el primer Acuerdo Institucional del Superior Tribunal de Justicia del año Judicial 2022/2023. Presidió el encuentro el juez Sergio Barotto y participaron las vocales Liliana Piccinini, Cecilia Criado y los magistrados Sergio Ceci y Ricardo Apcarian.

Juezas y jueces de Paz de Río Negro participan del Plenario que los reúne de manera presencial luego de restricciones que impusiera la modalidad de trabajo por la pandemia Covid 19.

Un fallo rechazó el pedido de un ex subcomisario para ser reincorporado a la fuerza. El ex uniformado había sido condenado por haber desmantelado un Peugeot 504 que estaba secuestrado en un destacamento del Lago Pellegrini.

El peso de un edificio de cinco pisos en pleno centro de Roca hundió el terreno de una casa vecina y provocó daños estructurales en la vivienda. Durante los más de tres años que duró la obra, el terreno fue cediendo y la casa quedó seriamente dañada. La institución propietaria del edificio fue condenada a indemnizar a la familia afectada con más de tres millones de pesos.

En el marco de una investigación penal por una presunta estafa a un jubilado, en una audiencia pública se hizo lugar a la medida cautelar requerida por el abogado del damnificado y se ordenó a un banco que -hasta la formulación de cargos- no descuente las cuotas de un préstamo que se habría obtenido de manera ilegal.

En la tarde de ayer el juez Sergio Barotto, presidente del STJ, mantuvo un encuentro con integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Magistrados/as y Funcionarios/as de Río Negro. La reunión se realizó de manera remota, mediante el sistema Zoom.

El plenario de Justicia de Paz de este año se realizará en Jacobacci. Las actividades comenzarán este jueves y se extenderán hasta el viernes.