El Consejo de la Magistratura abrió un concurso público de oposición y antecedentes para designar un cargo de Defensor o Defensora de Menores e Incapaces del Fuero Penal de la Primera Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Viedma.

Toda la vida usó la libreta verde del DNI con su foto que le dieron a los 18 años en el Registro Civil y nunca tuvo inconvenientes. Pero cuando inició los trámites para jubilarse, la mujer descubrió una serie de coincidencias, omisiones y errores administrativos que sacudieron su historia desde el comienzo: que sus dos nombres y su apellido eran iguales a los de otra mujer, nacida pocos años antes que ella en un paraje cercano al suyo; que el número de DNI que siempre creyó propio era de aquella otra señora y que su nacimiento, ocurrido en el otoño de 1959, jamás había sido inscripto.

Ahora, la sentencia de una jueza de Familia de Roca ordenó anotar su nacimiento en el Registro Civil para “que pueda acceder a la inscripción que le permitirá el ejercicio de sus derechos cívicos y de la seguridad social y resguardará su derecho a la identidad”.

La historia de su vida dio un vuelco cuando la mujer envió a Anses sus papeles para jubilarse y recibió como respuesta que no le correspondía el beneficio porque ya había otra persona bajo el mismo nombre y número de DNI percibiendo la jubilación.

“Es indudable la sumatoria de errores que han impedido a la Sra. el goce de su derecho a la identidad a través de la inscripción de su nacimiento y el gran problema que la afecta actualmente, que es encontrarse impedida de acceder a los beneficios de la seguridad social a través de la prestación jubilatoria, lo cual le debe estar causando dificultades económicas. Esta situación será remediada mediante el dictado de esta sentencia”, dice el fallo de la jueza Moira Revsin.

“La inscripción del nacimiento garatiza los derechos que están enmuerados en las Constituciones nacional y provinciales y en sendos instrumentos internacionales de igual jerarquía, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indicó. Aclaró, sin embargo, que si bien el trámite pudo haberse resuelto en el ámbito administrativo, la sentencia pone fin a la incertidumbre con el objetivo de “no provocar una mayor vulneración de los derechos” de la afectada.

Las madres invisibles

El fallo garantiza que con el nuevo documento, la mujer podrá finalmente jubilarse. Sin embargo la sentencia admite que la registración de su nacimiento no podrá ser completa, porque no existen registros oficiales de ningún tipo que permitan acreditar la identidad de su padre ni de su madre, por lo que el campo referido a la filiación en su partida de nacimiento quedará, al menos por ahora, vacío.

Es que el único papel que la relaciona indirectamente con su papá es el acta de nacimiento de su hermana mayor, quien sí fue anotada, aunque únicamente con filiación paterna, sin que quede registro alguno del nombre de la madre.

Según explicó la jueza en el fallo, en aquellos años, e incluso hasta 1985 cuando entró en vigencia la Ley de Filiación (Ley Nacional N°23.264), las personas nacidas de parejas no casadas legalmente eran inscriptas por el progenitor o la progenitora que personalmente hacía el trámite en el Registro. Cuando el padre se encargaba de la anotación sin la presencia de la madre, habitualmente se invisibilizaba la maternidad dejando vacía la filiación materna. Luego, si la madre conocía la situación, deseaba registrar la doble filiación y estaba en condiciones de hacerlo, debía hacer personalmente un reconocimiento expreso ante el organismo.

En ese punto, el fallo expone: “No puedo omitir entender el contexto socio-geográfico e histórico en el cual se produjeron estos nacimientos. Todas estas personas vivían en zonas rurales muy alejadas de centros poblados, en donde no podían tener acceso a oficinas de la administración pública para la realización de trámites, dentro de ellos las inscripciones de nacimientos de sus hijxs. En ese momento, la inscripción de las filiaciones requería el consentimiento (individual y expreso) por parte de la madre y del padre cuando se encontraban en convivencia no matrimonial y es por ello que abundan partidas de nacimiento de personas de áreas rurales en las que no están hechos los emplazamientos maternos, es decir, que figuran personas que tienen padre pero no tienen madre”.

Una mujer fue víctima de un engaño telefónico mediante el que le cambiaron las claves de su cuenta, le tomaron un préstamo y transfirieron todo el dinero. Ocurrió en Catriel y la damnificada también perdió el depósito de la cuota alimentaria de su hijo. Un fallo civil condenó al banco y lo intimó a devolverle todas las sumas, más intereses.

El Complejo Judicial de Cipolletti se encuentra con un avance del alrededor del 50% y, según el plan de trabajo presentado, se espera inaugurarlo durante el primer trimestre de 2023. En este momento se trabaja en la instalación del sistema de climatización, redes eléctricas, de datos y colocación de revestimientos.

El Superior Tribunal de Justicia aprobó el Plan de Formación Integral 2022, que la Escuela de Capacitación Judicial elaboró y presentó a través de su presidente, el juez Sergio Barotto, en el Acuerdo Institucional.
El Plan tiene tres ejes centrales: la formación integral en ambiente para dar cumplimiento a la denominada Ley Yolanda; la capacitación sobre “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”; y el Curso sobre “Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley penal”. En todos estos casos las capacitaciones están organizadas junto a organismos especializados.

La empresa fabricante y la concesionaria que vendieron a un hombre una camioneta fallada deberán entregar al cliente un vehículo nuevo y deberán pagarle una indemnización de 500.000 pesos por daño moral. La fabricante, además, deberá pagarle otros 1.500.000 pesos por daño punitivo, tras verificarse su actitud de desprecio por los derechos y la salud del comprador, puesto que las fallas hacían más riesgosa la conducción del rodado.
Un fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de Roca le dio 10 días de plazo a las empresas para entregar al cliente una camioneta cero kilómetro Fiat Toro Freedom 4x4 diésel “o bien el modelo que la hubiera sustituido”, debiendo cargar además con los gastos de flete y patentamiento. Una vez que la nueva unidad esté a su disposición en la la concesionaria, el hombre deberá devolver la camioneta fallada “libre de deuda por patentes y multas”.
En su defensa, la fabricante FCA Automobiles Argentina S.A. había alegado que “no se ha acreditado la existencia de una relación de consumo” y había solicitado que no se apliquen las leyes de Defensa del Consumidor a favor del cliente. También había negado tener vinculación con el contrato, atribuyendo toda la responsabilidad a la concesionaria. “Todos esos contratos se celebraron exclusivamente entre la parte actora y Pire Rayen Automotores SA. En consecuencia, en derecho, esta sociedad resulta ajena a la relación jurídico-sustancial sobre la que se asienta la presente causa”, dijo la fabricante en el expediente.
La misma respuesta dio la concesionaria local ante la demanda: alegó “la inexistencia de toda responsabilidad por su parte, atribuyéndosela al fabricante, toda vez que se han acreditado vicios en la fabricación del vehículo, proceso en que el cual no tiene intervención”, recordó el fallo.
“Resulta descalificable que frente al consumidor, una y otra demandada intenten desligarse de responsabilidad atribuyéndosela entre ellas, desconociendo palmariamente el régimen legal aplicable del cual surge sin hesitación su responsabilidad solidaria”, dijo la Cámara.
Para confirmar la responsabilidad de ambas, el fallo articuló los art. 11 y 13 de la Ley de Defensa del Consumidor y concluyó que “los productores, importadores, distribuidores y vendedores” son “solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal” cuando “los defectos o vicios de cualquier índole” en el producto vendido “afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento”.
En el caso de la camioneta, las pericias constataron fallas en los controles de tracción y estabilidad y desperfectos en el catalizador. Según las pruebas, durante los primeros 33.000 kilómetros de uso de la unidad el hombre debió ingresarla siete veces al servicio técnico, pero aún así no se pudo solucionar el problema.
Para los jueces, ese dato evidencia “un funcionamiento deficiente tanto del servicio técnico como de la garantía”. “Tampoco se advierte que en ese lapso el fabricante haya demostrado alguna preocupación o empatía con su cliente por la situación” y, especialmente, por el riesgo que significaba para él tener que utilizar un vehículo con ese tipo de fallas.

El propietario de un departamento ubicado en avenida La Plata de Cipolletti inició un proceso civil para desalojar a la persona que tenía como inquilina desde el 2020. Invocó como principal causa, el hecho de que la mujer había realizado fiestas clandestinas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero también le imputó la falta de pago no solo del alquiler sino de los servicios. Ahora ella deberá desocupar el inmueble.

Cuando se comete un homicidio, la investigación corresponde al Ministerio Público Fiscal. Para auxiliar técnicamente, el Cuerpo de Investigación Forense (CIF) brinda asistencia científica para realizar las pericias.

La Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial invita a participar del Ciclo de Conversatorios “Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”.

Se trata de una actividad certificada, gratuita y abierta a toda la comunidad que organizan la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba.

Un Tribunal de Juicio declaró hoy por unanimidad culpable de tres delitos de abuso sexual que tuvo como víctimas a tres niños: el hijo, la hija y una amiguita de la hija del imputado. Los hechos ocurrieron en Viedma y el imputado quedará alojado en el Penal 1 a la espera del juicio de cesura que determinará el monto de la pena.