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El presidente y el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián y Enrique Mansilla, respectivamente, tomaron juramento a los flamantes integrantes del Consejo de la Magistratura en representación del Colegio de Abogados de Viedma.
En la Sala de Acuerdos juraron como consejeros titulares Carlos Dvorzak, Sergio Ceci y Cirilo Bustamante. Como suplentes, Sandra Eizaguirre, Alejandro Montanari y Ana Huentelaf.
La jura se realizó frente a la presencia del presidente del Colegio de Abogados, Jorge Manzo, magistrados, abogados y familiares de los flamantes consejeros.
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Río Negro se encuentra previsto en la Constitución Provincial. Allí se definen dos Consejos: uno, establecido en el artículo 204 de la Constitución, que se encarga de seleccionar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al Procurador General y aceptar sus renuncias; y el Consejo de la Magistratura, definido entre los artículos 220 y 222 de la Constitución Provincial, que tiene como función elegir a los magistrados y funcionarios judiciales, recibir denuncias sobre sus desempeños e instruir sumarios.
Ambos Consejos se encuentran dentro del Capítulo V de la Constitución Provincial, que es la que ordena el Poder Judicial y establece sus disposiciones.
El Juez de Garantías Ricardo Calcagno tuvo por formulado cargos por "Violación de Domicilio" y ordenó medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación personal. El Magistrado escuchó en audiencia oral y pública al Fiscal Tomás Soto Daher quien formuló cargos contra un hombre, argentino mayor de edad, por un hecho ocurrido en fecha 10 de Julio de 2017 a las 14 horas, oportunidad en que ingresó al domicilio de una joven con quien mantuvo una relación de pareja.
El auditor del Poder Judicial Juan Manuel Montoto Guerrero inspeccionó ayer los dos Juzgados de Familia de la Cuarta Circunscripción. Son auditorias de rutina en el marco del Plan Estratégico Consensuado que persiguen como objetivo analizar la gestión de los organismos y diseñar estrategias para mejorar la calidad del servicio de Justicia.
La jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Liliana Piccinini realizó este martes una recorrida por el edificio del fuero penal de Cipolletti. En un primer momento observó los planos edilicios junto con el arquitecto Jorge Vieyra, profesional designado para la supervisión de obras en la Cuarta Circunscripción.
Para temas de familia, la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, creció en mucha mayor proporción a los juicios iniciados, según los datos recabados por el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial.
El Consejo de la Magistratura abrió el concurso público de oposición y antecedentes para la cobertura de dos Secretarías en las Cámaras del Trabajo de Roca.
La convocatoria responde a la Resolución 39/17 del Consejo de la Magistratura para la Segunda Circunscripción, en la búsqueda de un secretario/a para la Cámara Primera del Trabajo y otro/a para la Cámara Segunda del Trabajo, ambas con asiento de funciones en General Roca. El concurso también abarca las eventuales vacantes que se generen en la Circunscripción con motivo de las designaciones.
La intermediación judicial permitió que dos niños “conocieran” a su mamá, pudieran abrazarse y comunicarse durante dos horas en el Juzgado multifueros de San Antonio Oeste. El emotivo momento implicó, además, el inicio de un contacto que deberá continuar, según se acordó.
La jueza de garantías Sonia Martín consideró formulados los cargos por los delitos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego y amenazas con arma”.
La víctima del homicidio, ocurrido en Cinco Saltos, fue Daniel Emanuel Vetoño y el acusado es Brian Ezequiel Amaya.
En la audiencia que se realizó este mediodía en Cipolletti, la jueza dispuso de 20 días más de prisión preventiva para Amaya. El fiscal Marcelo Gómez adelantó que concluyó con la producción de prueba en este caso y que solicitaría, en las próximas horas, el control de acusación, trámite que se realiza a través de la Oficina Judicial.
El hecho que la Fiscalía le imputó a Amaya ocurrió en Cinco Saltos en la madrugada del 6 de agosto en la vía pública. En este contexto un hombre discutió con el acusado y en consecuencia intervino la víctima. Fue en ese momento que Amaya extrajo un arma de fuego y le efectuó a Vetoño un disparo en el abdomen.Falleció 12 días después mientras se encontraba internado.
Amaya ya cumplió un mes de prisión preventiva y en la audiencia de hoy la jueza de garantías extendió la medida cautelar por 20 días más hasta el control de acusación.
Delegación de Comunicación Judicial de Cipolletti
El Juez Gregor Joos, Vicepresidente del Foro de Jueces Penales , en audiencia oral y pública celebrada en horas del mediodía, tuvo por formulado el hecho , la calificación legal y la pretensión punitiva peticionada por el Fiscal Martín Govetto en causa por "Homicidio en Grado de Tentativa agravada por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de Violencia de Género", en la que se encuentra imputado Pablo Javier Cáceres, admitiendo de esta manera la Acusación Fiscal efectuada .
En la misma audiencia procedió a describir la prueba aceptada, la que fuera ofrecida por las partes en anterior audiencia y examinada por el Juez. En este marco el Juez Joos detalló la prueba que llegará al juicio, la que se integra por pluralidad de testimoniales, incorporación de prueba documental, croquis, fotografías, videos publicaciones de redes sociales etc. En este sentido cabe señalar que el artículo 166 del Código Procesal Penal en vigencia indica que el juez actuante puede excluir pruebas que provengan de actuaciones declaradas inválidas y las que se hubieren obtenido con inobservancia de las garantías fundamentales. Esta resolución es irrecurrible, sin perjuicio que las partes puedan hacer reserva de impugnación de sentencia. Antes de finalizar se consignó que un tribunal colegiado será competente y ordenó a la Oficina Judicial fije fecha de audiencia para la realización del juicio.
Son partes en esta causa el Ministerio Público Fiscal, el apoderado de la querella Sebastián Arrondo, y los defensores Horacio Brucellaria y Jorge Olguín.
Delegación de Comunicación Judicial de San Carlos de Bariloche