La conciliación laboral, como método autocompositivo de resolución de conflictos, continúa dando buenos resultados en toda la provincia. Desde febrero hasta fines de mayo ingresaron 941 legajos, con 196 acuerdos que se traducen en soluciones rápidas para las y los trabajadores. En una proyección anual será significativa la cantidad de causas que pasan por este novedoso sistema, alternativo al juicio.

Dos feriantes discutieron por quien tenía derecho a utilizar un lugar para dejar su carro de alimentos en la zona del Centro Cívico. La disputa terminó cuando uno de ellos destrozó a palazos el auto del otro. Un fallo ordenó resarcir el daño material y moral ocasionado.

Una mujer que concurría a una iglesia evangélica en Catriel denunció al pastor por actos de hostigamiento y perturbación que afectaban su integridad moral y sexual. La resolución del Juzgado de Paz enmarcó la situación en un caso de violencia institucional ejercida en un lugar de acceso público. Dictó medidas para proteger a la víctima y le ordenó al acusado acreditar una capacitación en materia de género.

Una maestra que se desempeñó por más de dieciséis años en el nivel inicial que sufre una patología derivda del uso excesivo de su voz deberá ser indemnizada, luego de que un fallo reconociera que se trata de una enfermedad profesional.
La sentencia de la Cámara Laboral Primera de Bariloche sostiene que "la ART tiene obligaciones de prevención y en este caso”. El tribunal señaló que la imposibilidad de efectuar las tareas para las que se capacitó y que realizaba antes de sufrir la enfermedad profesional, indican la existencia de incapacidad.

Roberto Jové ingresó al Poder Judicial a los 18 años. Esta semana, 49 años después, se jubiló.

Casi medio siglo en una institución que apenas cumplió 60 años en 2020. “Crecí a la par de la organización, conocí a miles de personas, empleados, funcionarios y magistrados en distintas áreas”, contó.

Están abiertas las inscripciones para la videoconferencia sobre “La Perspectiva de Género en los Procesos de Adopción”, organizada por la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial, que estará a cargo de Silvana Mucci, titular del RUAGFA en Río Negro; María Fernanda Otero, psicóloga especialista en procesos de adopción, y Marisa Herrera, investigadora especializada en Derecho de Familia y Perspectiva de Género.

Un viedmense fue estafado por una persona que, telefónicamente, se presentó como integrante de YPF. Mediante engaños, lo condujo a un cajero, se apropió de su clave, y luego sacó un préstamo por casi 250 mil pesos y le robó el dinero. De esta manera, el señor quedó con una deuda mensual que redujo su haber a solo 5000 pesos, causándole graves trastornos. Un fallo del Juzgado Civil N°3 dictó una medida autosatisfactiva para que el banco no le descuente el préstamo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El Consejo de la Magistratura habilitará las inscripciones para concursar el cargo de juez o jueza de juicio en Bariloche.

El trámite se realiza íntegramente digital a través de la página web institucional del Poder Judicial. El periodo habilitado para postularse se inicia el 11 de junio hasta el 02 de julio a las 13:30 horas.

A un pintor que chocó en su moto yendo a trabajar lo despidieron por finalización de obra, pero no le pagaron la totalidad de las prestaciones dinerarias mientras estuvo con tratamiento médico, como dice la normativa. Un fallo laboral de Viedma ordenó que deben abonarse.

El accidente ocurrió el año pasado. Un hombre que se desempeñaba como oficial pintor en una constructora mientras se dirigía en su motocicleta al trabajo, chocó con el cordón de la vereda y cayó al suelo, lo que le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo.

El Tribunal de Juicio de Roca, por unanimidad, impuso la pena de 6 años y 9 meses de prisión a un ex entrenador de básquet de esa ciudad por los abusos sexuales que sufrió una de sus alumnas a los 13 años. La condena se dictó en consonancia con el veredicto de culpabilidad que se había emitido en diciembre pasado. Tras el juicio de cesura, el Tribunal le impuso al acusado una pena equidistante entre la solicitada por las partes acusadoras (que requirieron 7 años y 6 meses de prisión) y la pena mínima legal (6 años de prisión) solicitada por la defensa en orden al delito de “estupro”, que es el abuso sexual cometido por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, en este caso agravado por haber sido cometido por un encargado de la educación y por haber resultado un grave daño en la salud mental de la víctima.