Nov 22, 2024 Última actualización 12:03 PM, Mar 9, 2023

Un laboratorio despidió a una bioquímica. Argumentó que la profesional no había realizado la tarea de backup (respaldo informático) de análisis durante cuatro meses. Sin embargo, deberá indemnizarla por cesantía sin causa, ya que no pudo demostrar que esa tarea estaba a cargo de la profesional.

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Una niña de 13 años logró que se reconozcan varios de sus derechos fundamentales a través de un único fallo. El hombre que por años fue la pareja de su mamá, ahora se convirtió en su padre adoptivo. Él es el papá de sus hermanitos menores y la reconoció como hija propia cuando era muy pequeña, por lo que lleva su apellido. En tanto que el padre biológico, quien durante más de una década no tuvo trato con la niña, asumió su paternidad y generó en ella un cúmulo de derechos alimentarios y hereditarios derivados de esa nueva filiación.

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Un hombre de Cipolletti se vio obligado a transitar una serie de reclamos ante entidades bancarias y crediticias. En un primer momento recibió mensajes de texto y llamados en el que le informaban una deuda cuya consecuencia implicaría un embargo. Después supo que estaba incluido en un registro como moroso irrecuperable. Inició un juicio civil y logró una indemnización.

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El STJ confirmó un fallo que hizo lugar al pedido de una mujer para que su obra social cubra un tratamiento de fertilidad asistida, pero rechazó la pretensión del paciente de elegir un centro privado que no estaba en la cartilla de prestadores, aún cuando el Ipross le informó las opciones con las que sí tenía convenio. En este caso, no logró acreditar “que el profesional pretendido ajeno a la cartilla sea el único apropiado para el paciente o bien la insuficiencia de los prestadores puestos a disposición por la obra social”, dijo el máximo Tribunal.

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Después de un embarazo de riesgo y un parto por cesárea, una mujer de Villa Regina aceptó la recomendación médica de someterse a una ligadura de trompas. Tenía dos hijos, estaba en pareja y en aquel momento su vida personal y familiar parecía definida. Sin embargo, tiempo después el matrimonio se separó. Ella formó una nueva pareja con un hombre y juntos fundaron un nuevo proyecto de vida. Luego de una larga convivencia y de mucho conversar, decidieron tener un hijo en común.

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Un empleado de un hiper de construcción de Viedma trabajaba 8 horas diarias “realizando labores que requerían de una gran esfuerzo físico”. Un día de invierno, sufrió un accidente  cuando se encontraba cargando bolsas de cemento, cajas con pisos cerámico y placas de aglomerados. Inmediatamente sintió un agudo e intenso dolor lumbar que se irradió a la parte posterior de la pierna derecha.

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Una mujer que usa el servicio bancario para cobrar su jubilación y la pensión por el fallecimiento de su marido descubrió en plena pandemia que le estaban descontando seguros no contratados. Se cansó de llamar por teléfono y de realizar gestiones. Un fallo del juzgado de Paz de Cinco Saltos la incluyó en la categoría de “consumidora hipervulnerable” por su edad y por ser considerada grupo de riesgo. Ahora la indemnizarán por más de 200 mil pesos.

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El Tribunal de Impugnación (TI), por unanimidad, anuló la condena a Angélica Paine y ordenó la realización de un nuevo juicio. La mujer había sido sentenciada a 12 años de prisión en el marco del proceso por el homicidio de Micaela Bravo en Bariloche. 

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Se desempeñaba en una fábrica de Cipolletti y tenía a su cargo el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones. Como tenía mucho trabajo atrasado revisaron su computadora y descubrieron que pasaba gran parte del tiempo en redes sociales, consumía noticias, series de Netflix, videos de Youtube y pornografia. El despido fue convalidado luego de un juicio laboral.

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Dos personas que fueron lesionadas en un procedimiento policial realizado en la vía pública y luego en el interior de una comisaría de Bariloche deberán ser indemnizados por los daños y perjuicios que les causaron. La sentencia, entre otros aspectos, consideró el daño psicológico sufrido por los demandantes desde la fecha del hecho, más las costas del juicio.
Esta etapa civil tuvo una fase previa en lo penal, donde una sentencia dio cuenta de que las víctimas sufrieron “violencia institucional en el calabozo de la unidad segunda” de Bariloche. Uno de ellos, en particular, recibió golpes en sus extremidades inferiores y genitales, “convirtiendo sus piernas en un solo hematoma casi sin solución de continuidad”.

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