Diversas normativas y tratados promueven un igualitario acceso a justicia, que no se agota en la formalidad, sino que fomentan la adopción de políticas públicas y decisiones que permitan la efectiva utilización del servicio de justicia de los sectores más vulnerables.
La propia Ley Orgánica del Poder Judicial incorporó las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”. En relación a las personas con discapacidad dispone: “Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación”.
También en la ley Provincial de Mediación se dispone que el proceso que está establecido en la ley “garantiza especial atención a los intereses de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas con mayores dependientes”.
El informe de la mediación da cuenta que “el dialogo fluyó espontáneamente durante el encuentro, las partes se sintieron cómodas, y pudieron arribar a un acuerdo total respecto de los temas objeto de la mediación”.