Dec 07, 2021 Última actualización 3:34 PM, Dec 7, 2021

Con la presencia de estudiantes secundarios y universitarios, empleados y funcionarios judiciales y público en general se realizó el lunes por la tarde un nuevo simulacro de Juicio por Jurados en el salón Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca.

Alumnos de las cátedras Seminario de Derecho Penal y Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales fueron los encargados de representar a la fiscalía y a la defensa en la exposición de un caso de derecho penal ambiental. Expertos en la materia expusieron como testigos y los siete miembros del jurado, vecinos de Roca que voluntariamente participaron de la experiencia, tuvieron la responsabilidad de evaluar la prueba, deliberar en secreto y finalmente alcanzar un veredicto, que en este caso fue de "no culpabilidad".

La organización del simulacro estuvo a cargo del juez Daniel Tobares y el abogado Juan Carlos Fernández, profesores de los futuros abogados que participaron del juicio, con la colaboración de la Delegación de Comunicación Judicial de Roca. La actividad representó el trabajo final de los estudiantes de ambos Seminarios y tuvo entre sus objetivos el de compartir con la ciudadanía el modelo de juzgamiento que se aplicará a partir de 2019 en Río Negro para los delitos más graves.

Agradecimientos

Los organizadores del simulacro agradecieron la imprescindible y desinteresada participación de los integrantes titulares del jurado: Lilén Rayen Flores Ancacura, Pedro Entraigas, Celina Vermal, Viviana Strada, Pablo Capra, Agustina Rodríguez y María Luisa Amrein, y de los suplentes: David Pérez, Agustín Scola, Gabriela Molina y Katerine Huenupi.

También al Dr. Alejandro Moldes, Fiscal Federal de Roca, quien intervino como juez invitado, y al abogado penalista Gabriel Mercado, quien brindó al público una valiosa charla sobre problemáticas del Derecho Penal Ambiental mientras el jurado realizaba su deliberación.

Por otra parte, agradecieron a los Licenciados en Saneamiento Ambiental Lucas Arocena y Maira Kraser, quienes participaron del simulacro en calidad de testigos - peritos.

Y finalmente a los directivos, docentes y alumnos de las Escuelas Secundarias N° 1 y 111 de Roca, quienes siguieron con entusiasmo el desarrollo del juicio.

Video: https://youtu.be/UGr2lu6anHs



Fuente: Delegación de Comunicación Judicial General Roca y Cipolleti

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El juez Carlos Mussi, titular del Juzgado N° 4 de Instrucción recibió hoy los resultados del cotejo de muestras de ADN realizados sobre el cuchillo utilizado para asesinar a Irma Casadei y el imputado por el caso. Los estudios mostraron compatibilidad, es decir que el arma blanca tiene ADN del acusado.

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La Cámara Laboral de Cipolletti admitió el reclamo de una mujer que desarrolló tareas como personal de maestranza para la firma Servicios Narelco S.A en Cinco Saltos. En consecuencia los jueces condenaron a la empresa y ordenaron abonarle a la trabajadora una suma dineraria por varios conceptos adeudados.

El Tribunal que resolvió el caso estuvo integrado por los Dres. Luis Lavedán, Luis Méndez y Raúl Santos. La sentencia es del 13 de junio último.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó un fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de Viedma y condenó a la obra social Ipross a indemnizar el daño moral causado a un afiliado, el cual debió hacer frente a múltiples trastornos para obtener la cobertura integral que le garantiza la ley.

El paciente es un hombre que padece una enfermedad incapacitante y que debió realizar varios reclamos administrativos a partir del año 2010, luego interponer un amparo y finalmente iniciar una demanda por daños para obtener la cobertura del 100% que corresponde a su discapacidad y luego la restitución de los gastos de salud que había afrontado con sus propios recursos.

"La conducta desplegada por la obra social (...) está signada -evidentemente- por el incumplimiento, apoyada esta última circunstancia en la sistemática falta de respuesta en tiempo y forma oportunos en que incurrió la misma respecto de su afiliado, incluso frente a órdenes emanadas de un Juez", valoró el Superior Tribunal de Justicia en el fallo.

El voto rector del juez Sergio Barotto tuvo la adhesión de sus pares Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui, conformando así la mayoría. En disidencia se pronunció el juez Enrique Mansilla, mientras que el juez Ricardo Apcarián se abstuvo de votar.

Barotto compartió con la Cámara que "las vicisitudes vividas" por el afiliado poseen "entidad suficiente para configurar, en el plano del daño moral, una lesión" que, como tal, debe ser indemnizada. Así, del análisis de las diversas presentaciones judiciales y notas de reclamo que elevó el hombre a Ipross, el STJ concluyó que "el espíritu del mismo se encontraba afectado por el accionar de su obra social".

En su voto, Barotto sostuvo: "Tengo para mí que uno de los acontecimientos más difíciles y trágicos a que el recurso de vida puede someter a una persona humana es el sufrir una enfermedad grave, cuya consecuencia inmediata será -salvo el excepcionalísimo e improbable supuesto del estoico- un estado de ánimo ganado por la congoja (...); y si a ello se agrega la incertidumbre generada por la ausencia de certeza en cuanto a si la obra social llevará adelante sus cometidos en debidos tiempo y forma -para que el enfermo se cure y/o rehabilite-, no pueden abrigarse dudas en cuanto a que aquella desazón se verá acrecentada". En este caso "el incremento de angustia fue provocado por el accionar de la recurrente (Ipross), motivo por el cual deberá cargar con la responsabilidad que ello supone".

Para el STJ, quedó probado que el afiliado "sufrió un menoscabo cierto, real y efectivo", una "lesión a un interés jurídicamente relevante" cuya causa fue "el obrar irregular de la obra social". "Dicho menoscabo resultó en una perturbación injusta de las condiciones anímicas del señor E., quien, frente al accionar disvalioso de su obra social sufrió aflicciones emocionales signadas por frustración, impotencia, inseguridad, zozobra, ansiedad, intranquilidad, desilusión, disgusto, todo lo cual se infiere sin mayor esfuerzo de intelección del cuadro probatorio de la causa", concluyó la sentencia.

 

Fuente: Delegación de Comunicación Judicial de General Roca

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El Juez Marcos Burgos tramita causa penal iniciada a raíz del siniestro vial ocurrido en la vía pública el pasado 24 de Junio, oportunidad en que una camioneta Mitsubishi conducida por un hombre mayor de edad, vecino de esta localidad, embistió a una mujer de 84 años de edad, en intersección de las calles Beschedt y Neuquén.

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La Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti confirmó el procesamiento y la prisión preventiva que la jueza de instrucción María Florencia Caruso dictó sobre el imputado Sigifredo Osvaldo Avilés, quién según la acusación intentó abusar de una mujer en la Ruta 151 de Cipolletti.

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El inicio concreto de la transición al Sistema Penal Acusatorio y el pase de empleados de los organismos judiciales al Ministerio Público fueron los ejes de la reunión de trabajo que encabezó el pasado viernes en Roca el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sergio Barotto. Participaron el Director General de Oficinas Judiciales, Ing. Fabián Mitidieri; el Director de la Oficina Judicial de Roca, Lic. Juan Manuel Tartaglia; los Fiscales de Cámara Dres. Graciela Echegaray y Andrés Nelli y el juez de la Cámara Criminal Primera, Dr. Daniel Tobares.

En primer lugar repasaron la nómina y esquema de pases al Ministerio Público de empleados que actualmente prestan servicio en los Juzgados. Luego, a la luz de la reciente Acordada conjunta entre el STJ y la Procuración General, se repasó la normativa diseñada para el período de transición que comienza formalmente el 3 de julio y que finalizará el 1 de agosto, con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal y el Sistema Penal Acusatorio.

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Durante una reunión de trabajo de distintas áreas del Poder Judicial, se presentó el texto de la segunda etapa del Plan Estratégico, que contiene los proyectos ejecutivos para la mejora del servicio de justicia.

Estuvieron presentes el presidente del STJ, Ricardo Apcarián, los vocales Enrique Mansilla, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, magistrados, funcionarios y empleados. El Director del Centro de Planificación Estratégica, Alfredo Bozzetti, fue el encargado de presentar un video de compilación de los trabajos.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la Defensora General y de esta manera quedó firme el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que anuló la sentencia absolutoria en el caso Atahualpa.

Con el respaldo a la resolución del STJ rionegrino, se allana el camino a un nuevo juicio en procura de resolver el homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya.

La decisión del STJ, ahora respaldada por la Corte, implica que la causa está abierta y vuelve a la instancia previa a la sentencia absolutoria. La etapa de instrucción no fue cuestionada, por lo que a partir de la plataforma fáctica ya investigada es posible ampliar la prueba.

En 2014, la Cámara –con el voto rector del entonces juez Juan Bernardi, hoy destituido y condenado- había dictado la absolución de los tres acusados.

Luego, el Superior Tribunal de Justicia anuló dichas absoluciones, por considerar que la sentencia carecía de fundamentación razonada y legal. La jueza Liliana Piccinini, entonces a cargo de la presidencia del máximo órgano judicial, fue la encargada de la lectura del fallo.

La resolución del Superior Tribunal –solicitada en tal sentido por el Ministerio Público Fiscal- no solo abrió la posibilidad de un nuevo juicio, sino también al anular la sentencia y el debate, ordenó que continúe la sustanciación de la causa con distinta composición de magistrados. El fallo tuvo con los votos afirmativos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarián, Enrique Mansilla y Sergio Barotto, con la abstención del juez subrogante Gustavo Guerra Lavayén.

Tras esa disposición, la Defensora General presentó un Recurso Extraordinario Federal ante el propio STJ y ante su rechazo, elevó una Queja a la Corte Suprema. Finalmente, la semana pasada la CSJN rechazó este planteo.

Al agotarse los recursos, los tres imputados (Morales Toledo, Carrasco y Fernández Barrientos) nuevamente revisten en la causa la calidad de imputados, en el marco de la investigación llevada a cabo hasta la elevación a juicio.

 

Sobre esa plataforma fáctica que surgió de la investigación y que permitió su elevación a juicio, la Fiscalía anticipó en su alegato ante el STJ que está en condiciones de completar la prueba. Entre los elementos probatorios, es clave una campera con ADN que fuera secuestrada en el domicilio de uno de los acusados.

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Ya está en funcionamiento el flamante edificio destinado al fuero penal en Viedma, en el marco de la Reforma Procesal Penal que deberá entrar en vigencia el 1 de agosto.

El Juzgado de Instrucción N°4 de Viedma, a cargo del Juez Carlos Mussi, ya funciona en 25 de Mayo 567 2do piso. Además allí se encuentra la Dirección General de Oficinas Judiciales y la Oficina Judicial de Viedma.

Por otro lado, los jueces camaristas de las actuales Sala A y Sala B, que conforman el foro de jueces, Daniela Zágari, Carlos Reussi, Marcelo Chironi y Guillermo Bustamante, ya cumplen sus funciones en sus nuevas oficinas. Restan la futura instalación de aquellos que resulten designados en los concursos vigentes que conformarán la totalidad del Foro de Jueces para la Primera Circunscripción.

El inmueble tiene 900 metros cuadrados, divididos en dos plantas; en el primer piso se encuentra la Oficina mencionada integrada por el personal administrativo, la mesa de entradas, el director y los subdirectores.

Finalmente, está prevista que allí trabaje el personal del Juzgado de Instrucción N° 2 a cargo del Juez Carlos Mussi y el Tribunal de Impugnaciones, cuando finalicen las instancias del concurso vigente.

El inmueble cuenta con divisiones desmontables y mobiliario específicamente para la reforma, con plantas abiertas de trabajo y espacios tipo isla, para una labor integrada.

Por otra parte, ya culminaron las obras para el edificio de cuatro plantas donde se instalarán las fiscalías de Viedma.

 

Fuente: Delegación Comunicación Judicial de Viedma

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