De acuerdo con la acusación que sostuvo la Fiscal Betiana Cendón en representación de la Procuración General, entre 2015 y 2017 el defensor público Cristian Klimbovsky habría incurrido en disfuncionalidades que afectaron el servicio en perjuicio de los y las justiciables que acudían a la Defensoría de Pobres y Ausentes de Villa Regina en busca de asesoramiento.
El juicio comenzó esta mañana en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca. El Consejo escuchó la declaración de 15 testigos y luego los alegatos de la acusación y de la defensa, ejercida por el propio Klimbovsky y por su codefensor Mario Regazzi Harina. Inmediatamente después, el cuerpo pasó a deliberar. La sentencia se conocerá el 29 de noviembre.
El Consejo sesionó presidido por el juez del Superior Tribunal de Justicia Sergio Barotto e integrado por las legisladoras Silvia Morales y Julia Fernández, el legislador Marcelo Mango, el abogado Hernán Ezequiel Zuain y las abogadas Marisa Gayone y Verónica Fuentes Cerda. Por la Procuración General intervino Juan Pedro Peralta.
En su alegato la fiscalía reclamó para el funcionario una sanción de 60 días de suspensión, que es la máxima prevista por la ley previa a la destitución. Describió que el funcionario había establecido, mediante una resolución que emitió sin tener facultades para ello, una restricción indebida de la atención al público para “resolver un colapso” por la cantidad de requerimientos de la ciudadanía, sumado a que habitualmente “no asistía a la oficina en el horario de contraturno, a pesar de la pública y notoria demanda de los justiciables, que hacían cola para ser atendidos”.
Según la acusación, afectó así “de manera arbitraria el acceso a justicia” en Villa Regina, perjudicando a una porción de la población especialmente vulnerable. Cendón valoró además que existe una condena firme del Consejo de la Magistratura contra la otra defensora pública de esa ciudad, quien fue sumariada por la misma situación y quien aceptó su responsabilidad en un reciente juicio abreviado.
El defensor Klimbovsky ejerció su propia defensa y negó cualquier negligencia o desinterés por la ciudadanía en el cumplimiento de sus funciones. Argumentó que en el período cuestionado había graves problemas de organización en la Defensoría que estaba fuera de su alcance resolver. Afirmó que en reiteradas oportunidades pidió acciones concretas a sus superiores y comparó la forma de atención que en esa época implementaban otras unidades de la Defensa Pública de la región. Finalizó asegurando que “siempre” ha cumplido el contraturno y que la cantidad de atenciones personales a justiciables que realizaba en aquel período era incluso mayor a la que requerían para el área las autoridades de la Defensoría General. Pidió finalmente su absolución y que se deje a salvo su buen nombre y honor.