El fiscal interviniente consideró que ante la gravedad de la situación el adolescente se encontraba frente a un riesgo para sí mismo y para la vida de terceros. De la audiencia, que no tuvo carácter pública, participó la defensora de menores y un representante de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que depende del Poder Ejecutivo.
El fiscal solicitó una internación con privación de la libertad por el periodo de tres meses. Consideró que todos los tratamientos fueron infructuosos y que esta medida, tal como lo establece la ley, es el último recurso. La Senaf ofreció un centro socioeducativo con un tratamiento ambulatorio para el tratamiento de adicciones y la recuperación de la salud mental del adolescente. Fundó su pretensión en la ley provincial 4109 de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes y su modificatoria (artículos 11 y 70 inc 20), además de la ley nacional 22.278.
El adolescente pidió en la audiencia “recuperar su vida, dejar la droga y el alcohol y estar bien”. Debido a la angustia que evidenció la madre, quién fue la única que presenció la audiencia, la jueza de garantías de Cipolletti Laura González Vitale les pidió a las partes si podían irse de la sala unos minutos para dejarla a solas con esa mamá.
La fiscalía, la defensora de menores y el representante de la Senaf aceptaron y la jueza abandonó su escritorio para sentarse a un costado de la mujer, que estaba en el sector donde se ubica el público.  La escuchó unos minutos y mantuvo una conversación privada con ella.
Con lenguaje sencillo la magistrada se aseguró de que la mamá, quién ejerce la responsabilidad parental sobre el adolescente, entendiera el alcance de la medida que iba a dictar. Así la mujer comprendió y prestó su consentimiento en pos de la recuperación de su hijo. Previamente el adolescente también había manifestado la necesidad de hacer tratamiento y de transitar por el proceso de internación.