Esto significa que cada vez más ciudadanos eligen hacer uso de los servicios que el Poder Judicial tiene para resolver los diferendos mediante mecanismos de búsqueda de acuerdos, en vez de recurrir al inicio de un litigio. Los juicios son procesos más largos y más costosos que las mediaciones.
Las estadísticas muestran que en el primer semestre de este año creció en un 11 por ciento la cantidad de mediaciones sobre temas de familia. En cambio, el ingreso de causas a los Juzgados de Familia -con exclusión de los relacionados con violencia doméstica, que no son mediables- se mantuvo estable.
En efecto, durante el primer semestre de este año ingresaron 4518 legajos a las mesas de entradas de los Centros Judiciales de Mediación (Cejume). En el mismo período del año pasado, habían ingresado 4113 casos.
Los temas de familia encabezan claramente los procesos de mediación. Del total, un 41 por ciento corresponden a prestaciones alimentarias, un 23 al ejercicio de la responsabilidad parental y un 14 a otros temas de familia. Lejos quedan las mediaciones por temas patrimoniales.
En cambio, los ingresos de causas a los Juzgados de Familia, excluyendo los casos de violencia doméstica, contabilizaron 3588 este semestre y 3573 en el mismo período del año pasado. Es decir, prácticamente no hay variación. Se verifica un crecimiento total del 7 por ciento si se suman los ingresos del Juzgado de San Antonio Oeste, que se puso en funcionamiento en el segundo semestre del año pasado, por lo que no se puede establecer una comparación interanual.
Así como se verifica que cada vez más personas eligen los sistemas de mediación en vez de iniciar juicios, los Juzgados de Familia conviven con un fuerte incremento de los casos relacionados con violencia familiar. Los ingresos por la ley 3040 subieron este año un 17 por ciento, y ya representan el 57 por ciento de los casos que deben abordar las Juezas de Familia.
El Centro de Planificación Estratégica es el área del STJ tiene a su cargo la elaboración de las estadísticas judiciales, para lo cual se vale de la utilización de manuales de buenas prácticas. Se utilizan para monitorear los servicios que presta el Poder Judicial, para decidir la priorización en la asignación de recursos humanos y financieros y para colaborar en la elaboración de políticas públicas de abordaje de problemáticas sociales.