El Judicial fue el primer Poder del Estado rionegrino en regular e implementar esta normativa nacional. Justamente la primera Acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de 2019 fue establecer la obligatoriedad de la dicha formación, que ya fue realizada por un tercio del personal.
Jueces y juezas del STJ, integrantes de la magistratura, funcionarios de Ley, choferes, personal de mantenimiento, de las áreas auxiliares, de los distintos juzgados, organismos de mediación, entre otros, participaron de las capacitaciones.
El taller sobre Perspectiva de Género dirigido a todo el personal es organizado de manera conjunta por la Oficina de Género y la Escuela de Capacitación Judicial como parte de su planificación anual de formación.
La Acordada del STJ en su artículo 1° expresa: “Establecer que las capacitaciones que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Oficina de Género del Poder Judicial, en Perspectiva de Género y Derechos Humanos tienen carácter obligatorio para quienes resulten destinatarios o destinatarias de las mismas de acuerdo a la modalidad que reglamente el Superior Tribunal de Justicia”, sobre la base de la “Ley Micaela” de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
El contenido del taller está organizado en módulos con temáticas como “El patriarcado, los roles de género y la construcción de estereotipos”, “Rol de la justicia en el cambio hacia la igualdad”, “El derecho en la construcción del género”. “Desigualdad estructural”, “Acceso a la Justicia”. “Convención Belem do Pará y Convención CEDAW”, “Reglas de Brasilia” y “Marco teórico sobre factores e indicadores de riesgos”, “Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género” y “La distribución inequitativa de recursos y poder”, entre otras.
También existe una instancia de análisis de casos y modalidades de intervención; detección de obstáculos y facilitadores para el acceso a la Justicia de víctimas de violencia y marcas de las violencias, para finalizar con la creación del Protocolo para juzgar con perspectiva de género.
La Ley Nacional N° 27.499, denominada “Ley Micaela” y sancionada por el Congreso Nacional, estableció “la obligatoriedad de capacitar y capacitarse en materia de perspectiva y violencia de género a quienes forman parte de alguno de los tres poderes del Estado.
Como forma de hacer operativa la obligatoriedad, se dispuso que la Oficina de Género remita al STJ un registro de asistentes a las capacitaciones. De esa planilla se desprende que 845 agentes ya se formaron.